El aporte de las empresas será de hasta 15% del total de los pagos realizados a los trabajadores por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial.
El proyecto de “ley de protección de las pensiones de seguridad social” aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional de 2020, de mayoría oficialista, establece que todas las empresas del sector privado deberán transferir mensualmente hasta 15% del total de su nómina a un fondo especial para financiar este beneficio.
En el documento que consta de 13 artículos agrupados en dos capítulos y una disposición transitoria señala que el monto de la contribución especial que deben ejecutar las personas jurídicas de carácter privado, domiciliadas o no en la República y que realicen actividades económicas en el territorio nacional, será de hasta 15% del total de los pagos realizados a los trabajadores por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial.
«En ningún caso la base del cálculo de los pagos realizados a los trabajadores y trabajadoras será menor al ingreso mínimo integral definido por el Ejecutivo Nacional», según se indica en el artículo 7 del texto que circula entre diputados y gremios empresariales.
Esto significa que se debe tomar en cuenta el mínimo de 130 dólares de “ingreso integral indexado” anunciado el pasado miércoles 1° de mayo. De acuerdo a la información del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), este nuevo monto de ingreso está constituido por $90 del bono «contra la guerra económica» y $40 del bono de alimentación. El salario mínimo quedó en 130 bolívares como desde hace dos años.
Al hacer un ejercicio sobre cuánto podría ser el monto a transferir a la autoridad tributaria, si una empresa cuenta con 10 empleados deberá entregar 195 dólares mensuales, que resulta del 15% del total (1.300 dólares).
«Se crea una contribución especial a las personas jurídicas de carácter privado, domiciliadas o no en la República, que realicen actividades económicas en el territorio nacional, destinada a coadyuvar en la protección especial de las pensiones de seguridad social del pueblo venezolano frente a los perversos efectos de las medidas coercitivas unilaterales impuestas extraterritorialmente contra la República Bolivariana de Venezuela», se argumenta en el texto.
El instrumento legal establece, además, que el porcentaje de 15% puede ser modificado anualmente por el Presidente de la República y, de acuerdo con el tipo o clase de actividad económica.
El artículo 9 del proyecto de ley señala que la contribución especial «prevista en esta Ley será declarada y pagada mensualmente» y corresponde al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Seniat, su recaudación. “La declaración y pago de la contribución especial debe efectuarse en el lugar, forma y condiciones que establezca la administración tributaria nacional, mediante providencia administrativa”.
Según la exposición de motivos de este proyecto de ley, en el país hay más de 5,5 millones de personas que reciben pensiones de vejez, cuyo monto se encuentra anclado al salario mínimo de Bs 130. Los adultos mayores que cobran este beneficio no reciben ticket de alimentación y a los que se encuentran inscritos en el sistema patria se les deposita $32,50.
“Para garantizar la efectividad de este derecho, la Constitución ordena la creación de un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas, en el cual la ausencia de capacidad contributiva no sea motivo para excluir a las personas de su protección”, destaca el texto.
El proyecto que fue presentado de manera sorpresiva en la sesión de la AN 2020 un día después que Maduro anunciara su propuesta, fue objeto de críticas por varios diputados que advirtieron que su contenido no fue discutido antes de ser presentado en la Plenaria del jueves 2 de mayo. Se prevé que el instrumento legal sea aprobado en segunda discusión en la próxima reunión parlamentaria del martes 7 de mayo.
Según dijo el diputado Franklin Rondón, durante el fin de semana se llevarán a cabo consultas a los diferentes sectores, entre ellos, pensionados, jubilados, empresarios, dirigentes sindicales y sociales, para entregar el lunes un informe y cumplir así con la celeridad y urgencia solicitada por Maduro para la aprobación definitiva de la ley.
Con información de talcualdigital.com