La Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúa ante la solicitud del Observatorio Venezolano de Prisiones para proteger los derechos a la vida e integridad personal del abogado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares solicitadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a favor del abogado Joel Antonio García Hernández, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, ya que sus derechos a la vida y a la integridad personal están en riesgo de daño irreparable.
El 28 de febrero de 2024, el OVP tramitó ante la CIDH la solicitud de medidas cautelares, que finalmente fue otorgada el 13 de mayo de 2024, bajo la Resolución 31/2024. En la información proporcionada a la Comisión, el equipo del OVP relató lo que ha sido su labor como defensor de derechos humanos durante más de una década, así como eventos ocurridos en el pasado a lo largo de su trabajo de litigio en el país. El más reciente de estos eventos tuvo lugar el 7 de febrero de 2024, cuando García fue amenazado directamente en el Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas, en presencia de los Cónsules General y Adjunto de la República de Chile en Venezuela. Tal situación fue denunciada ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, sin recibir respuesta oportuna y adecuada.
Según la Resolución, la CIDH solicitó información al Estado venezolano el 29 de febrero de 2024, pero no recibió respuesta. Para analizar la solicitud, la Comisión consideró los hechos a la luz de los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable. Refirió el contexto actual de Venezuela, señalando el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y el deterioro de la situación de derechos humanos documentado en informes anteriores. La CIDH también destacó la hostilidad hacia los defensores de derechos humanos en el país y la situación particular de aquellos que representan a personas detenidas por su postura política.
En este contexto, la CIDH solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal del abogado Joel Antonio García Hernández, de acuerdo con los estándares y obligaciones internacionales aplicables, incluidos los actos de riesgo atribuibles a terceros.