La ministra de Seguridad argentina explora las medidas de seguridad adoptadas en El Salvador y se reúne con el presidente Nayib Bukele.
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, visitó este domingo (16.06.2024) el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se esperaba se reúna con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
«Como fruto de la reunión bilateral entre el presidente Nayib Bukele y el presidente Javier Milei, le damos la bienvenida a la ministra Patricia Bullrich, al país más seguro de América Latina», publicó en X (antes Twitter) el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro. Agregó: «Es un verdadero placer recibirla en El Salvador, estoy seguro de que esta visita desde Argentina será enriquecedora, usted y su equipo van a poder conocer de primera mano el ‘Modelo Bukele'». Villatoro compartió también una serie de fotografías en las que se observa el recorrido que realizó con Bullrich en la referida cárcel.
El CECOT, construido en una zona remota del distrito de Tecoluca, a unos 75 kilómetros al sudeste de San Salvador, tiene capacidad para 40.000 presos y actualmente alberga a unos 14.000 detenidos tras un traslado de 2.000 pandilleros a inicios de la segunda semana de junio. Según informaron las autoridades argentinas, Bullrich se reunirá con Bukele con miras a retomar medidas de seguridad similares a las adoptadas en El Salvador, pero contra el narcotráfico.
En su cuenta de X, Bullrich comentó que realizó una visita a la Academia Nacional de Seguridad Pública, para reunirse con su director, César Flores Murillo. Añadió que el jefe policial le «compartió una explicación muy completa y detallada sobre la administración de la Policía y sus importantes resultados».
El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, ampliado en 26 ocasiones en el Congreso de mayoría oficialista, tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas. De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 80.000 las detenciones, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional. El Gobierno atribuye a este régimen gran parte de la disminución de la violencia, que venía desde 2016 tras registrar, en 2015, una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos en este contexto, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta duración, además de denunciar la muerte de más de 300 detenidos, la mayoría con señales de violencia.