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La CIDH critica impedimentos para que venezolanos en el exterior voten: «Una forma de criminalizar la migración»

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que los venezolanos en el extranjero enfrentan obstáculos para inscribirse en el Registro Electoral debido a exigencias de visas de residencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su preocupación por los “impedimentos” que enfrentan los venezolanos en el exterior para inscribirse en el Registro Electoral debido a su “estatus migratorio”. En un comunicado, la CIDH denunció que los consulados venezolanos están exigiendo una visa de residencia para poder inscribirse en el RE; sin embargo, de acuerdo a la Constitución, los ciudadanos solo requieren ser mayores de edad y no estar inhabilitados para poder votar.

“Siguiendo instrucciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), están exigiendo una visa de residente como única prueba válida para la inscripción en el registro electoral. Esta exigencia desconoce que millones de venezolanos que residen en el exterior carecen de una visa de residente, ya sea por no haber regularizado su estatus migratorio o porque cuentan con una documentación migratoria diferente”, se lee en el comunicado.

Violación a los derechos políticos

La CIDH destacó que estos obstáculos representan una violación a los derechos políticos de los venezolanos y afectan la “integridad” de la elección presidencial del 28 de julio. Estas acciones, según la comisión, corroboran que el Poder Electoral carece de independencia.

En este sentido, se informó que una gran mayoría de los migrantes poseen Permiso por Protección Temporal en Colombia, Permiso Temporal de Permanencia en Perú, Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos en Ecuador, o la Residencia Temporal en Chile, entre otros documentos en distintas naciones, que “no cumplen” con la exigencia del CNE. La organización explica que alrededor de 5,5 millones de migrantes venezolanos en el exterior estarían habilitados para votar, lo que demuestra una vulneración a su derecho a la participación política.

“Exigir a millones de personas en el extranjero que presenten una visa de residente para inscribirse en el registro electoral y, en consecuencia, estar en condiciones de emitir el voto, es arbitrario y afecta la integridad de la elección presidencial”, expone la CIDH.

Criminalización de la migración

La comisión resalta que esta medida es una “forma de criminalizar” la migración, equiparando a quienes salieron del país con personas condenadas por delitos. Ante esto, la CIDH exige al Estado venezolano adoptar las medidas necesarias para que los venezolanos que cumplan con los requisitos constitucionales puedan inscribirse en el registro electoral y votar en condiciones de igualdad. Además, exhorta al restablecimiento inmediato de la separación e independencia de los poderes públicos.

Más de 21 millones de venezolanos habilitados para votar

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó el 4 de junio la Gaceta Oficial número 1057 que aprueba el cuadro estadístico del Registro Electoral Definitivo, correspondiente al corte del 16 de abril de este año. En total, 21.620.705 electores podrán ejercer su derecho al voto el próximo 28 de julio, incluyendo 228.241 extranjeros y 69.211 venezolanos en el exterior.

El CNE puntualizó que 11.922 personas fueron incorporadas en el RE y 22.144 desincorporadas por objeciones, fallecimientos y depuración por corrección. Además, se llevaron a cabo 81.682 movimientos electorales, incluyendo reubicaciones de residencia para 20.074 electores.

Distribución de votantes por estado

Los estados con mayor número de votantes son Zulia (12,12%), Miranda (10,47%), Caracas (8,19%), Carabobo (7,76%) y Lara (6,34%). Otros estados incluyen Aragua (5,98%), Anzoátegui (5,48%), Bolívar (5,07%), Táchira (4,14%), Falcón (3,42%), Portuguesa y Sucre (3,32% cada uno), y Monagas (3,21%).

La CIDH y diversas organizaciones continúan presionando para que se garanticen los derechos políticos de todos los venezolanos, independientemente de su estatus migratorio, y se asegure una elección justa y democrática el próximo 28 de julio.