Maduro ordena la salida de embajadores de siete países latinoamericanos y acusa a estos gobiernos de injerencia.
El gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, ha tomado la decisión de retirar su personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Esta medida se produce tras las críticas emitidas por estos países sobre las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. Además, se ha ordenado que los diplomáticos de estos países también regresen a sus naciones de origen de manera inmediata.
En un comunicado, el gobierno venezolano expresó: «Venezuela se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación». La administración de Maduro también señaló su rechazo a «las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de Gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional».
La medida se toma en un contexto en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto con el 51,2 % de los votos, mientras que su oponente, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 44,2 %. Estos resultados han sido ampliamente cuestionados por la oposición y varios países que han solicitado una revisión exhaustiva y la presencia de observadores independientes para garantizar la transparencia del proceso electoral.
Contexto de la crisis diplomática
Más temprano, los gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana expresaron su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones en Venezuela. Estos países demandaron una revisión de los resultados y enfatizaron la necesidad de observadores independientes para asegurar el respeto de la voluntad del pueblo.
En respuesta a estas acciones, el comunicado del gobierno venezolano manifestó: «Enfrentaremos todas las acciones que atenten contra el clima de paz y la convivencia» del país. También se enfatizó la determinación de Venezuela para «preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación».