Nueve empleados de la agencia para refugiados palestinos podrían haber participado en los ataques armados del 7 de octubre de 2023, según la investigación de la ONU.
La ONU anunció este lunes que nueve de los 19 empleados de su agencia para los refugiados palestinos (UNRWA), que estaban siendo investigados tras las acusaciones de Israel de connivencia con el grupo terrorista Hamás, podrían haber estado involucrados en los ataques armados del 7 de octubre de 2023.
El Departamento de Asuntos Internos (OIOS), encargado de la investigación, concluyó que en nueve casos las pruebas disponibles «indican que los empleados de UNRWA pudieron estar involucrados en los ataques armados», según declaró el portavoz de la ONU, Farhan Haq.
Haq especificó que la conclusión se basa en una probabilidad, ya que OIOS «no ha podido autenticar independientemente la información proporcionada por las autoridades israelíes». Las pruebas contra estos empleados «podrían, si se autentican y corroboran, dar una base factual para concluir que los miembros del personal de la UNRWA podrían haber tenido conducta sancionable según las regulaciones y normas de la UNRWA».
En un comunicado, OIOS informó que en uno de los 19 casos no se obtuvieron pruebas que respaldaran las acusaciones de involucramiento en los ataques, y en otros nueve, las pruebas obtenidas fueron «insuficientes» para hacerlo. Estos diez casos afrontan posibles «medidas» disciplinarias en su momento.
«Respecto a los nueve casos restantes, las pruebas obtenidas por OIOS indican que los miembros del personal de la UNRWA pudieron estar involucrados en los ataques armados del 7 de octubre de 2023. El empleo de esas personas se terminará en interés de la agencia», indica el comunicado.
OIOS aclaró que ha «restringido sus conclusiones a las pruebas obtenidas predominantemente de oficiales israelíes, que respaldan el supuesto involucramiento de los sujetos en los ataques» y no ha sacado conclusiones sobre su supuesta membresía en el ala militar de Hamás u otro grupo militante.
El organismo investigador resaltó que la ONU no tiene jurisdicción penal sobre sus empleados y que la pesquisa fue administrativa, con las sanciones disciplinarias como herramienta para responder a cualquier mala conducta. El informe de la investigación se entregó el 31 de julio directamente al secretario general de la ONU, António Guterres, incluyendo un resumen de los hallazgos y conclusiones para asistirle en la «acción» sobre los 19 empleados señalados, y que «no se hará público».
Los nueve casos en cuestión, todos hombres, según especificó el portavoz Haq, han sido «referidos para una decisión» sobre posibles sanciones. También aclaró que, del total de 19 empleados señalados, uno ha fallecido y la ONU no cree que el resto estén en custodia de Israel.
Para la pesquisa, OIOS realizó visitas a Israel para «recibir y revisar» información en su custodia, y a Amán (Jordania), para hacer lo propio con información en custodia de UNRWA, además de revisar datos de correos, vehículos de UNRWA, datos publicados en medios y comunicaciones con estados miembros.
Sin embargo, OIOS indicó que «no se reunió con el personal de UNRWA señalado ni posibles testigos para su corroboración, para hacerles entrevistas y tomar declaraciones», aunque sí obtuvo grabaciones en las que algunos de ellos responden a preguntas sobre las acusaciones.
Israel acusó en enero a doce agentes de la UNRWA de participar en los ataques de Hamás, cifra que se amplió a diecinueve en abril. Numerosos donantes suspendieron su financiación a la agencia, decisión que han revertido todos menos Estados Unidos, un firme aliado de Israel.