El canciller Yván Gil acusa al Centro Carter de apoyar un golpe de Estado en Venezuela, tras sus declaraciones que afirman que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El canciller del gobierno madurista, Yván Gil, lanzó una serie de acusaciones contra el Centro Carter, a raíz de sus declaraciones sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El organismo internacional, conocido por su labor de observación electoral, ha afirmado que sus análisis confirman que Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición, obtuvo la mayoría de los votos, contradiciendo así el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró vencedor a Nicolás Maduro.
En un comunicado, el Centro Carter expresó que “no hay evidencia de que el sistema electoral de Venezuela fuese blanco de un ataque informático durante las elecciones del 28 de julio”. Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación, afirmó a la AFP que “el análisis de los datos disponibles confirma a Edmundo González Urrutia como el ganador con más del 60% de los votos”. Añadió que el proceso no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y, por lo tanto, no puede ser considerado democrático.
Gil, por su parte, arremetió contra el Centro Carter, calificando su informe como parte de un “golpe de Estado” y acusando a la institución de apoyar “delitos electorales rastreros” en Venezuela. “La Sra. Lincoln miente descaradamente, ninguna de sus palabras se corresponden con la realidad ni la legalidad venezolana”, manifestó Gil en su cuenta de X (anteriormente Twitter). Según él, Lincoln actúa como una “asalariada del Departamento de Estado” de Estados Unidos, poniendo en duda la imparcialidad de sus conclusiones.
Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política en Venezuela, donde la oposición ha denunciado un fraude masivo en las elecciones y ha publicado lo que dicen ser actas electorales que demuestran la victoria de González Urrutia. A su vez, el CNE ha dejado en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la “certificación” del resultado oficial, alegando un supuesto ataque cibernético que habría afectado el proceso de transmisión de datos.