La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, anuncia el desacato del excandidato presidencial y confirma la continuación del peritaje electoral para una sentencia definitiva
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, anunció este sábado que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia ha sido declarado en «desacato» por no responder a la citación de la Sala Electoral y no consignar el material electoral solicitado. La decisión del máximo tribunal refuerza las tensiones en torno a los controvertidos comicios del 28 de julio.
«Se deja constancia que el excandidato Edmundo González no asistió, desacatando el mandato de la más alta instancia de la jurisdicción contenciosa electoral de Venezuela. En consecuencia, no cumplió con la consignación de actas y material electoral alguno», declaró Rodríguez en una rueda de prensa.
Por otro lado, Rodríguez señaló que otros dirigentes políticos, como Manuel Rosales (UNT), José Luis Cartaya (MUD) y José Simón Calzadilla (MPV), sí asistieron a la citación, aunque ninguno presentó la documentación requerida. «Argumentaron que no poseen ningún tipo de documentación referida a este proceso electoral. En tal sentido, manifestaron no tener actas de escrutinio ni listados aduciendo que no participaron en el proceso de traslado y resguardo del material», explicó la presidenta del TSJ, añadiendo que los políticos también desconocían quiénes subieron las actas al portal web manejado por la oposición.
Con la situación en un punto crítico, Rodríguez informó que el TSJ continuará con el peritaje de todo el material electoral, tanto físico como digital, con el objetivo de emitir una «sentencia definitiva». «Habiendo sido recolectados los instrumentos electorales de los distintos participantes, los magistrados se abocan al peritaje de todo el material electoral probatorio consignado en físico o digital, así como también al peritaje al ataque cibernético», señaló, asegurando que la investigación contará con «el más alto personal calificado».
Rodríguez enfatizó que la Sala Electoral del TSJ seguirá adelante para resolver los conflictos electorales «de manera exclusiva al Estado», y que la sentencia que emita el tribunal será inapelable, adquiriendo el carácter de «cosa juzgada».