La vicepresidenta de Venezuela asegura que las manifestaciones posteriores a los comicios tenían un objetivo estratégico contra las fuerzas del Estado, con un alto porcentaje de lesionados entre los uniformados.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este lunes que las «guarimbas» que estallaron tras los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaban dirigidas estratégicamente a atentar contra funcionarios policiales, civiles y militares. En un encuentro con el Ejecutivo, Rodríguez detalló que la mayoría de los lesionados durante las manifestaciones postelectorales pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado.
«Se registraron 131 personas heridas, 88% son hombres, y el 74% de las personas lesionadas corresponde a funcionarios de los organismos del Estado,» precisó Rodríguez. Según la vicepresidenta, este patrón demuestra que el plan detrás de las guarimbas tenía como objetivo principal atacar a los funcionarios encargados de mantener el orden en el país.
Rodríguez también ofreció un balance histórico, señalando que desde 1999 hasta 2019, más de 270 personas han sido asesinadas en episodios de violencia política en Venezuela, una cifra que, según ella, ha aumentado con los disturbios de 2024, llevando el total a casi 300. «Más de 3.000 sufrieron lesiones y se destrozaron más de 1.500 instituciones,» añadió.
En cuanto a los hechos recientes, la vicepresidenta reiteró que hubo un enfoque particular en atacar tanto a funcionarios civiles como militares. Según los datos recopilados en colaboración con la Fiscalía, Rodríguez informó sobre 25 fallecidos, aunque reconoció que aún faltan tres casos por registrar oficialmente.
Desglosando las cifras, Rodríguez explicó que el 59% de los fallecidos eran jóvenes entre 15 y 29 años. En cuanto a la distribución geográfica, el 37% de las muertes ocurrieron en el Distrito Capital, seguido por Aragua con un 27,3%, y otros estados como Carabobo, Miranda, Táchira, Yaracuy, Zulia y Bolívar con porcentajes menores.
Rodríguez destacó que el 71% de las muertes se registró el 29 de julio, un día después del evento electoral. Del total de muertes, el 76,2% ocurrió en manifestaciones violentas, mientras que un 9,5% corresponde a personas que estaban en las adyacencias, otro 9,5% fueron catalogados como crímenes de odio, y el 4,8% restante se dio durante saqueos a comercios.