El fiscal de la CPI, Karim Khan, subraya la importancia de respetar el estado de derecho mientras la comunidad internacional intensifica la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
En un contexto de creciente presión internacional, la Corte Penal Internacional (CPI) ha declarado que está «monitoreando activamente» los desarrollos recientes en Venezuela, según informó Associated Press. El fiscal de la CPI, Karim Khan, señaló que su oficina está siguiendo de cerca los eventos en el país, particularmente en relación con informes de actos de violencia y otras quejas que han surgido tras los recientes comicios.
Khan subrayó la importancia de trabajar con el Gobierno venezolano a los más altos niveles para garantizar que se respete el estado de derecho en esta delicada coyuntura. «Nos hemos encargado de enfatizar la necesidad de proteger a todos los individuos de posibles violaciones que puedan equivaler a crímenes establecidos en el Estatuto de Roma», afirmó, haciendo referencia al tratado que define la naturaleza de los crímenes bajo la jurisdicción de la CPI.
La oficina de Khan también reiteró que las investigaciones sobre Venezuela se mantienen activas y puso a disposición un portal en línea para que cualquier persona u organización pueda presentar pruebas pertinentes para la investigación en curso. «Si alguna persona u organización tiene información que pueda ser relevante para esta investigación, le agradeceríamos que la compartan», concluyó la declaración de la fiscalía.
Este anuncio de la CPI se produce apenas tres días después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reafirmara su intención de solicitar que se imputen cargos y se emitan órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y su cadena de mando. La postura de Almagro se suma a la creciente presión internacional sobre el gobierno venezolano, que ya enfrenta críticas por parte de organizaciones como Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional, por su parte, envió una carta al fiscal de la CPI solicitando «acciones urgentes» en relación con la situación de derechos humanos en Venezuela. La organización ha pedido al tribunal que actúe con rapidez y decisión ante lo que describe como una grave crisis que sigue afectando a millones de venezolanos.