La Misión de la ONU denuncia una «avalancha» de violaciones en Venezuela, pidiendo justicia por las muertes y detenciones arbitrarias tras las elecciones del 28 de julio.
En un contundente llamado que resuena en el ámbito internacional, la Misión internacional independiente de determinación de hechos de la ONU ha lanzado una advertencia al régimen de Nicolás Maduro: es hora de detener la maquinaria de represión que está sacudiendo a Venezuela desde las elecciones presidenciales del 28 de julio. «Detener inmediatamente la creciente represión» y «garantizar justicia» fueron las exigencias claras de la ONU, mientras se intensifica la presión sobre un gobierno acusado de violar sistemáticamente los derechos humanos.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, no escatimó palabras al describir la «feroz represión» que ha emergido tras las protestas, atribuyendo a las autoridades venezolanas la creación de un «clima de temor generalizado». Según los datos de la Misión, entre el 28 de julio y el 8 de agosto, al menos 23 personas perdieron la vida, la mayoría por disparos de armas de fuego. De estos, 18 eran hombres menores de 30 años, lo que subraya la brutalidad de la represión estatal.
«Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente», afirmó Valiñas, quien también insistió en que, si se confirma el uso abusivo de la fuerza letal por parte de cuerpos de seguridad o la participación de civiles armados, «los responsables deben rendir cuentas». La demanda es clara: las víctimas y sus familias merecen justicia.
Pero las preocupaciones de la Misión no terminan ahí. El fiscal general del régimen ha etiquetado de manera indiscriminada como «terroristas» a más de 2.200 personas detenidas, un hecho que la ONU califica como «detenciones arbitrarias» que violan gravemente el debido proceso. Patricia Tappatá, otra experta de la Misión, fue tajante: «Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato». En su declaración, también hizo un llamado urgente a las autoridades para que respeten las normas internacionales sobre el debido proceso y garanticen las condiciones de detención adecuadas.
La situación es especialmente grave para los más vulnerables. La Misión ha recibido informes alarmantes sobre la detención de más de 100 niños, niñas y adolescentes, acusados de los mismos crímenes graves que los adultos, sin la presencia de sus padres o tutores durante los procesos judiciales. Francisco Cox, experto de la Misión, destacó la necesidad imperiosa de que estos menores sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección infantil, subrayando la obligación de respetar su interés superior.