La Asamblea Nacional difiere la discusión final del polémico proyecto de ley sobre ONG para afinar su redacción y considerar nuevas propuestas, en medio de un debate sobre la libertad de asociación y la transparencia.
La Asamblea Nacional decidió aplazar la segunda discusión del proyecto de ley que busca regular la fiscalización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras entidades afines. La medida, anunciada este martes, surge con el objetivo de incluir nuevas propuestas y corregir la redacción de algunos artículos clave, en particular el artículo 30.
La diputada Carolina García Carreño, quien fue la encargada de solicitar formalmente el aplazamiento, subrayó la importancia de perfeccionar el proyecto antes de su aprobación final. «Queremos asegurarnos de que todas las voces sean escuchadas y que la ley refleje un equilibrio entre la transparencia y la protección de los derechos fundamentales», afirmó.
Los artículos ya aprobados establecen que las ONG deberán constituirse como asociaciones, corporaciones, sociedades civiles o fundaciones privadas para obtener personalidad jurídica. Además, solo las personas naturales o jurídicas con capacidad civil para “contratar y obligarse” podrán registrar una ONG o una organización social sin fines de lucro.
La nueva ley exige que las ONG presenten una serie de documentos para su registro legal, incluyendo el acta constitutiva, la cédula de identidad del propietario, y el registro de información fiscal de todos los miembros. Especial atención se pone en la justificación de los fondos, especialmente si provienen de entidades extranjeras, lo que refleja una creciente preocupación por la influencia externa.
Un punto crítico del proyecto es el artículo 15, que prohíbe el registro de organizaciones cuyo objetivo sea «promover el fascismo», la intolerancia, el odio, o cualquier actividad contraria a la Constitución de Venezuela. Este artículo ha sido particularmente debatido por su potencial impacto en la libertad de asociación.
Además, la ley establece que el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de justicia mantendrá un registro nacional de ONG, donde se almacenará información detallada sobre su constitución, funcionamiento y financiamiento. Este organismo será responsable de dictar las normativas necesarias para regular el registro.
Las ONG también estarán obligadas a notificar anualmente al Ministerio sobre los financiamientos y donaciones que reciban, garantizando así la licitud de los fondos. El artículo 23 del proyecto prohíbe a estas organizaciones recibir aportes económicos de entidades con fines políticos, realizar actividades propias de partidos políticos o promover el fascismo, la intolerancia y el odio.
Finalmente, el Ejecutivo nacional tendrá la responsabilidad de diseñar e implementar las normativas de control y seguimiento necesarias para asegurar que las ONG operen dentro del marco legal establecido.