El jefe de la cátedra de Derecho Constitucional en la UCV y la UCAB critica la intervención del TSJ y advierte sobre los peligros de repetir las elecciones en Venezuela.
El reconocido abogado y jefe de la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Tulio Álvarez, ha dejado claro que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no tiene ninguna competencia ni autoridad para sustituir al Consejo Nacional Electoral (CNE). Durante una entrevista con Vladimir Villegas, Álvarez enfatizó que ni siquiera por vía jurisprudencial podría la Sala Electoral asumir un rol que corresponde exclusivamente al CNE.
«El objetivo final es certificar unas actas que se están haciendo en este momento», afirmó Álvarez, subrayando que cualquier intento de la Sala Electoral de tomar decisiones que correspondan al CNE carece de base legal. En sus declaraciones, el jurista también arremetió contra la idea de repetir las elecciones en Venezuela, calificando a quienes plantean esa posibilidad como «traidores».
«¿De dónde sale esa propuesta? De Brasil, que habla de una doble vuelta que en Venezuela no existe, por lo que están disfrazando la repetición de las elecciones», criticó Álvarez, señalando que estas propuestas provienen de actores externos que no comprenden el marco legal venezolano.
Además, Álvarez calificó de «error de criterio» el nombramiento de Elvis Amoroso como presidente del CNE. «El mismo día de la elección presidencial, Amoroso demostró un ánimo de conflictividad absoluta», comentó, destacando la falta de imparcialidad que, según él, ha caracterizado la gestión de Amoroso en el ente electoral.
En su análisis, Álvarez también advirtió que el recurso contencioso electoral introducido por Nicolás Maduro tiene como objetivo principal ganar tiempo. «Lo terrible para ellos es que en los centros de votación en general sí se hizo el conteo y se leyeron las actas. Existe la posibilidad de cotejar y verificar cualquier acta que se forje», explicó, sugiriendo que la estrategia del gobierno podría estar destinada a evitar una revisión transparente de los resultados.