La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han emitido un contundente informe en el que denuncian la violencia institucionalizada y las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela durante el reciente proceso electoral. Según el informe, el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución política como herramientas para silenciar a la ciudadanía y perpetuar su control autoritario sobre el país.
El informe subraya que, aunque el 17 de octubre de 2023 se firmó un «Acuerdo Parcial para la Promoción de los Derechos Políticos y las Garantías Electorales para todos los Venezolanos,» las acciones del gobierno durante el período preelectoral y posterior han contradicho flagrantemente este compromiso. Entre las violaciones destacadas se encuentran la prohibición de candidaturas opositoras, como las de María Corina Machado y Corina Yoris, las restricciones al voto en el extranjero y la negativa a permitir la entrada de observadores internacionales independientes.
El 28 de julio de 2024, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, las cuales estuvieron marcadas por una participación significativa. Sin embargo, tras el cierre de las urnas, surgieron denuncias de graves irregularidades en la transmisión de los resultados y en la falta de transparencia del proceso de auditoría ciudadana. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó unilateralmente a Nicolás Maduro como ganador, sin publicar los resultados detallados ni los datos desglosados requeridos por la ley electoral venezolana, lo que ha generado una profunda desconfianza entre la población.
La situación se agravó con la represión de al menos 300 protestas espontáneas en todo el país, donde la violencia estatal y de grupos paramilitares conocidos como «colectivos» resultó en la muerte de al menos 23 personas y la detención arbitraria de más de 1.300 manifestantes, incluyendo mujeres, adolescentes y periodistas. La IACHR ha advertido que estos actos podrían ser considerados ejecuciones extrajudiciales y generar responsabilidad internacional para el Estado venezolano.
Además, el informe denuncia un patrón de desapariciones forzadas de corta duración, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, especialmente dirigidos contra aquellos que cuestionan los resultados electorales. Los líderes opositores, activistas de derechos humanos y periodistas han sido objeto de persecución judicial, bajo cargos vagos y excesivamente amplios, como incitación al odio y terrorismo, diseñados para generar un efecto paralizante en la sociedad.
La CIDH también destacó la censura y las restricciones a la libertad de expresión, incluyendo la detención arbitraria de periodistas, la clausura de medios de comunicación y el bloqueo de sitios web y plataformas de redes sociales, como parte de una estrategia más amplia de persecución digital y desinformación dirigida por el Estado.
Ante esta situación, la CIDH ha reactivado su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI Venezuela) para fortalecer el monitoreo y la respuesta ante las violaciones de derechos humanos en el país. La Comisión ha llamado a la comunidad internacional a mantenerse alerta ante la escalada de represión y a actuar para proteger la información electoral y los derechos de los ciudadanos venezolanos.