La Asamblea Nacional aprobó la ley que impone severas restricciones a las organizaciones no gubernamentales, incluyendo prohibiciones, multas y la posibilidad de expulsión.
En un movimiento que refuerza el control del Estado sobre las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, la Asamblea Nacional (AN) sancionó este jueves la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. Esta nueva normativa, aprobada durante una sesión ordinaria en el Palacio Federal Legislativo, establece estrictas regulaciones y sanciones para las ONG que operan en el país.
La sesión comenzó con la solicitud del diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, para modificar el artículo 23 de la ley, que establece prohibiciones específicas para las ONG. Entre estas prohibiciones se incluye la promoción del fascismo, la intolerancia, el odio, y cualquier acto que incite a la discriminación o la violencia. Además, las ONG no podrán recibir ni realizar aportes económicos a partidos políticos ni participar en actividades partidistas.
Una adición significativa a este artículo es la prohibición de «recibir aportes para el financiamiento del terrorismo o cometer actos terroristas». Según Cabello, esta modificación es crucial para evitar que las ONG financien actividades subversivas en el país. «Nos hemos encontrado con que estas ONG reciben fondos y las vemos financiando guarimbas, hechos de terrorismo en el territorio nacional», afirmó Cabello, justificando la necesidad de la nueva ley.
El artículo 30 de la ley estipula que, si una ONG es sospechosa de violar las prohibiciones establecidas, el Ministerio con competencia en materia de justicia puede ordenar la suspensión de sus actividades, notificando a las autoridades judiciales en un plazo de 15 días. Las nuevas disposiciones también incluyen la creación de un registro para ONG extranjeras que deseen operar en Venezuela, administrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La ley establece que todas las ONG, tanto nacionales como extranjeras, estarán sujetas a un estricto control y supervisión por parte del Ejecutivo Nacional. Las organizaciones que no se registren, no notifiquen sobre su financiamiento o donaciones, o que no mantengan libros contables, estarán sujetas a multas que pueden oscilar entre 100 y 1.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, según el artículo 36. En caso de reincidencia, las multas pueden incrementarse significativamente.
Para las ONG extranjeras, la sanción más severa es la anulación de su registro en Venezuela, y los individuos asociados con estas organizaciones podrían enfrentarse a la expulsión del país, de acuerdo con las leyes migratorias.
El documento legal, compuesto por 39 artículos distribuidos en cinco capítulos, también incluye disposiciones transitorias y establece multas que deben ser pagadas en un plazo de 30 días a partir de la decisión.
Este nuevo marco legal ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, quienes ven en esta ley una herramienta para limitar aún más la libertad de asociación y expresión en Venezuela.