25 organizaciones no gubernamentales exigen acciones inmediatas para detener las violaciones a los derechos humanos en medio de la crisis postelectoral venezolana.
En un comunicado difundido este miércoles, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), junto a 25 organizaciones no gubernamentales, condenó lo que describen como una «represión sistemática» por parte del gobierno venezolano contra los manifestantes que salieron a las calles tras las elecciones del 28 de julio. La declaración subraya la grave situación de derechos humanos que atraviesa el país, denunciando más de 1.350 detenciones arbitrarias y un ambiente de intimidación constante.
“25 organizaciones condenamos la represión sistemática en Venezuela. Tras las elecciones del 28 de julio, más de 1.350 personas han sido detenidas arbitrariamente y las violaciones a los DD. HH. no cesan. Exigimos acciones inmediatas para detener esta crisis”, señaló WOLA en su comunicado. La cifra de detenidos, provista por Foro Penal, se presenta como un recordatorio escalofriante de la situación en los estados de Carabobo, Anzoátegui y el Distrito Capital, donde los arrestos han sido más numerosos.
El documento no se detiene ahí. WOLA y las demás ONG alertan sobre la detención de defensoras de derechos humanos, activistas y abogados, a quienes se les ha impedido acceder a una representación jurídica independiente. «Estos hechos de represión física y violenta contra la población civil precisan acciones inmediatas por parte de tribunales internacionales y organismos de protección, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», expresa el comunicado.
Además de las detenciones, se denuncia la anulación de pasaportes de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, así como la «imposibilidad» de salir del país. El documento también revela casos de desapariciones temporales y amenazas constantes por parte de las fuerzas de seguridad, que han llevado a muchos a esconderse.
WOLA también expresó su profunda preocupación por los ataques a la libertad de expresión, mencionando la censura de medios como el bloqueo de la aplicación de mensajería Signal y la red X, ex Twitter. Estas acciones, según las organizaciones, «siguen violando derechos y libertades en el país, como el derecho a la información».
Ante estos hechos, las organizaciones han exigido al gobierno venezolano que garantice la vida, seguridad y libertad de activistas, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos, junto con sus familias. También han solicitado la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente y el respeto a las garantías procesales.
El llamado se extiende a los gobiernos de la región y a organismos internacionales como la OEA, la ONU y la Unión Europea, para que se sumen a las voces de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos en Venezuela. Además, pidieron a los países receptores de migrantes que faciliten los trámites de regularización, asilo y refugio para aquellos que han huido de la represión.
Por último, las organizaciones exigieron un escrutinio independiente, transparente y verificado de los resultados de las elecciones del 28 de julio, como un paso fundamental para garantizar el respeto a la voluntad popular, la democracia y la libertad en Venezuela.