El pulso diplomático entre Brian Nichols y el gobierno de Maduro alcanza nuevas alturas tras la aprobación de la Ley de Fiscalización de ONG.
La arena política se enciende una vez más entre Estados Unidos y Venezuela. Esta vez, el campo de batalla es la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, recientemente sancionada por la Asamblea Nacional venezolana. El subsecretario de Estado de EE.UU., Brian Nichols, no tardó en lanzar un dardo envenenado, calificando la medida como un “ataque directo a la sociedad y la libertad de asociación” en Venezuela. Para Nichols, esta ley es un paso más hacia el aislamiento del presidente Nicolás Maduro en la escena internacional, una jugada que, según él, socava “los principios democráticos” y reprime la voz ciudadana en los espacios cívicos.
El mensaje de Nichols en su cuenta de X, antes Twitter, resonó con fuerza. Pero lejos de quedarse en el aire, fue recibido y replicado por el canciller venezolano, Yván Gil, quien respondió a la crítica con una mezcla de sarcasmo y dureza. “El Sr. Nichols apostó al fascismo en las elecciones venezolanas, el pueblo bolivariano le dio una lección de dignidad, revolcada de la que aún no se recupera,” disparó Gil en su cuenta de Telegram.
Gil no se detuvo allí. Acusó a Nichols de proyectar su “odio y maldad” hacia la Asamblea Nacional, alegando que el funcionario estadounidense está “derrotado y deprimido” tras lo que considera fracasos previos en su política hacia Venezuela. Y como si eso no fuera suficiente, Gil lanzó un último golpe, señalando que los fondos de la USAID y la NED, que según él han financiado el “terrorismo” en Venezuela, deberían redirigirse a atender “las necesidades del pueblo estadounidense que bastante lo necesitan”.
La Ley de Fiscalización de ONG, aprobada en una sesión maratónica del 15 de agosto, no es un mero ajuste legal pues redefine las reglas del juego para las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Bajo el liderazgo del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se introdujeron modificaciones de último minuto al artículo 23, endureciendo las restricciones contra cualquier actividad que, a juicio del gobierno, promueva el fascismo, la intolerancia, o el odio. Además, se prohibió terminantemente que las ONG reciban aportes económicos de partidos políticos o se involucren en actividades partidistas.