La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige respuestas sobre el paradero y la seguridad de Carreño y De Grazia, detenidos en un contexto de creciente tensión post-electoral.
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En medio del turbulento escenario post-electoral en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha intervenido con fuerza, otorgando medidas cautelares al periodista Roland Carreño y modificando las del exdiputado Américo de Grazia. Ambos detenidos tras las elecciones del 28 de julio, se encuentran ahora en el centro de una atención internacional que clama por claridad y justicia.
Roland Carreño, detenido el 2 de agosto en Caracas, está en una situación que la CIDH califica de «gravedad y urgencia», con un riesgo inminente de daño irreparable a sus derechos. Lo más alarmante: hasta el momento, su paradero es desconocido. La comisión ha expresado su profunda preocupación, señalando que «el beneficiario enfrenta una situación de extrema vulnerabilidad al desconocerse su ubicación y paradero actual». Este vacío de información no solo afecta a Carreño, sino que también envía un mensaje inquietante a la comunidad periodística, insinuando que expresarse libremente en Venezuela podría tener consecuencias peligrosas.
La CIDH no se ha quedado en palabras, exigiendo al Estado venezolano que tome «las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal» de Carreño y, crucialmente, que informe sobre su paradero. En un país donde el silencio gubernamental puede ser ensordecedor, esta solicitud no es menor.
El caso de Américo de Grazia no es menos preocupante. Detenido el 8 de agosto, su paradero también es un misterio. La CIDH ha modificado sus medidas cautelares, lamentando la falta de acción y transparencia por parte del Estado. «No se tiene información oficial de su paradero o estado de salud», denunció la comisión, subrayando que, a pesar de las denuncias presentadas ante diversas instancias, no ha habido contacto ni verificación de su situación.
Para la CIDH, el tratamiento de De Grazia parece formar parte de un patrón más amplio de hostigamiento destinado a sacarlo del debate público. «La situación actual del beneficiario forma parte de un ciclo de eventos en su contra que buscan retirarlo del debate público en el actual contexto del país», advirtió la comisión, enviando un mensaje claro sobre la importancia de proteger la vida, integridad personal y salud de De Grazia, así como su derecho a participar en la vida política sin temor a represalias.