El líder opositor denuncia la nueva ley aprobada por el Parlamento chavista, alertando sobre sus efectos en los derechos humanos y la transición democrática en Venezuela.
El abanderado de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, ha alzado su voz este lunes contra la reciente aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, calificándola como un «peligroso instrumento de censura». La ley, sancionada por la Asamblea Nacional, ha generado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional, con preocupaciones sobre su impacto en los derechos humanos y en el ya frágil espacio cívico del país.
En un mensaje publicado en X, antes conocida como Twitter, González Urrutia expresó su rechazo frontal a la normativa, señalando que «Rechazamos la aprobación de la Ley de Fiscalización de las ONG, peligroso instrumento de censura y arbitrariedad que atenta contra los derechos humanos y obstaculiza el camino que nos hemos trazado a una transición democrática».
La ley aprobada el pasado jueves permite la disolución judicial de aquellas ONG que violen las disposiciones establecidas en la normativa, incluyendo la prohibición de recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones. Además, establece como causales de disolución el incumplimiento de estas prohibiciones y la falta de pago de multas impuestas bajo la ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles.
El líder opositor no es el único en manifestar su preocupación. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, también ha pedido al régimen de Nicolás Maduro que rechace esta legislación, junto con un proyecto para regular las redes sociales. Türk alertó sobre el impacto negativo que estas leyes podrían tener en los derechos humanos y en la democracia en general, y solicitó a las autoridades venezolanas que no adopten «estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático en el país».
La Ley de Fiscalización de ONG ha sido vista por muchos como una herramienta más del gobierno de Maduro para restringir las libertades fundamentales y silenciar a las voces críticas en el país. En un contexto donde la sociedad civil ha sido clave para visibilizar las violaciones a los derechos humanos y organizar esfuerzos para la asistencia humanitaria, esta normativa representa un golpe significativo al activismo y a las organizaciones que operan en Venezuela.