Líderes opositores denuncian la última jugada del TSJ como un intento desesperado por consolidar el control de Maduro, reafirmando su compromiso con la verdad y la soberanía popular.
La última maniobra del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha encendido una ola de rechazo en la oposición, que acusa al régimen de Nicolás Maduro de utilizar las instituciones para consolidar su control y perpetuar la crisis en el país. Lejos de ser una resolución que aporte estabilidad, la sentencia del TSJ, que avala los controvertidos resultados electorales del 28 de julio, ha sido calificada por los líderes opositores como un ataque directo a la soberanía popular.
Henrique Capriles, exgobernador de Miranda y uno de los rostros más visibles de Primero Justicia, no se anduvo con rodeos: «Esta última decisión de la sala electoral del TSJ NO resuelve ni cambia lo que el pueblo venezolano decidió EN PAZ con su VOTO el 28 de julio.»
Capriles subrayó que «la mentira jamás podrá ser una solución para Venezuela,» y advirtió que esta sentencia solo servirá para «profundizar la crisis política, económica y social» que ya asola al país.
Juan Pablo Guanipa, también de Primero Justicia, dejó claro que la frustración no ha mermado la voluntad de luchar: «¡No hay decepción! ¡Lo que hay es indignación! ¡Y se profundiza la esperanza! ¡No van a poder con la soberanía popular!»
Juan Guaidó, exlíder de la Asamblea Nacional y figura prominente de Voluntad Popular, fue aún más directo en su condena, señalando que «en Dictadura no hay independencia de poderes. TSJ = Maduro = CNE = Dictadura».
Por su parte, Andrés Velásquez de La Causa R, no se contuvo al describir lo que considera una farsa judicial: «No hay nada que repugne e indigne más que la pretensión mediante una mentira, de ocultar la verdad del tamaño del cielo: Edmundo ganó. Maduro PERDIÓ, FUE DERROTADO.» Velásquez no dudó en calificar los hechos como un golpe no solo electoral, sino también judicial, y prometió que «¡Venezuela no se rinde! ¡Venezuela será libre!»
Desde Vente Venezuela, Perkins Rocha cuestionó la legitimidad de un fallo que considera que no solo ignora, sino que pisotea el marco constitucional del país: «¿Tiene algún valor moral o incluso procesal, lo decidido por un órgano judicial que no resuelve ni señala nada…?» Rocha invocó el artículo 138 de la Constitución para recordar que «toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos nulos».
María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia, también apuntó a la falta de legitimidad y transparencia de la decisión del TSJ, afirmando que la sentencia es «tan burda y tan vacía de legitimidad que ni siquiera ordena se publiquen los resultados tabulados mesa por mesa.» Para Martínez, la complicidad de las instituciones en esta farsa es inaceptable, y apeló al artículo 5 de la Constitución como un recordatorio del poder soberano del pueblo venezolano.
Finalmente, Voluntad Popular, en un comunicado oficial, denunció que «la pretendida sentencia es tan burda y tan vacía de legitimidad» que incluso incumple el propio Reglamento General de Ley Orgánica de Procesos Electorales. «Más temprano que tarde esos magistrados también deberán responder por sus actos en contra de la voluntad de los venezolanos,» advirtió el partido, haciendo un llamado urgente a la comunidad internacional para que no reconozca esta «farsa» y apoye sin vacilaciones al pueblo venezolano.