Argentina, Estados Unidos, Chile, Uruguay y otros países latinoamericanos unen fuerzas para condenar la falta de transparencia en las elecciones venezolanas y demandan una auditoría independiente.
En un acto de firmeza internacional, los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay han emitido un comunicado conjunto rechazando categóricamente la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, la cual convalida los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio que otorgan la victoria a Nicolás Maduro.
Este rechazo no es solo simbólico. Los países firmantes subrayan que la declaración del TSJ, basada en una supuesta verificación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), carece de sustento y transparencia. En el comunicado, recalcan que «nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE» debido a las múltiples irregularidades, entre ellas, la falta de acceso de los representantes de la oposición al conteo oficial y la no publicación de las actas electorales.
Una auditoría internacional imparcial: La única solución
Los gobiernos que suscriben este comunicado hacen un llamado inequívoco: solo una auditoría imparcial e independiente, que evalúe todas las actas de votación, podrá garantizar el respeto a la voluntad popular y la democracia en Venezuela. Este proceso, insisten, debe ser liderado por entidades neutrales y con el respaldo de la comunidad internacional para asegurar su credibilidad.
La declaración también menciona el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que ha alertado sobre la falta de independencia tanto del CNE como del TSJ, dos instituciones clave en el proceso electoral que han sido señaladas por su parcialidad hacia el régimen de Maduro.
El comunicado no solo aborda la cuestión electoral, sino que también expresa una profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos perpetradas contra los ciudadanos venezolanos que, de manera pacífica, han exigido el respeto a su voto y el restablecimiento de la democracia en el país. Los países firmantes reafirman su compromiso de continuar trabajando por una solución pacífica y negociada que respete la voluntad soberana del pueblo venezolano.