Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, alerta sobre irregularidades en las elecciones de julio en Venezuela y pide al Gobierno de Maduro poner fin a la represión y hostigamiento a opositores.
Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que denunció serias irregularidades y represión tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Durante su intervención, Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, destacó que la falta de transparencia y las acusaciones de fraude han sumido al país en una crisis política y de derechos humanos aún más profunda.
Clarke señaló que las denuncias sobre «irregularidades en la transmisión de actas y falta de transparencia» han sido especialmente graves, acusando al Consejo Nacional Electoral (CNE) de proclamar unilateralmente a Nicolás Maduro como ganador sin cumplir con los requisitos legales de mostrar todas las actas ni los datos desglosados. «Hasta ahora, el CNE no ha publicado las actas y ha desestimado las acusaciones de fraude,» dijo Clarke, mientras que la oposición asegura haber recopilado el 80% de las actas, las cuales, según ellos, muestran la victoria de Edmundo González Urrutia.
En su informe, Clarke denunció que la represión en Venezuela sigue los mismos patrones observados en protestas anteriores, incluyendo el uso arbitrario de la fuerza, detenciones masivas y el hostigamiento a opositores. Estas acciones, dijo, están limitando los derechos a la defensa y las garantías procesales, agravando aún más la situación de los derechos humanos en el país.
«La represión de la libertad de expresión ha alcanzado nuevos niveles, con ataques a periodistas y restricciones en redes sociales,» alertó Clarke, subrayando la gravedad de la criminalización de las opiniones disidentes en Venezuela.
Durante la sesión del Consejo de la OEA, varios países expresaron su preocupación por la situación en Venezuela. Representantes de Canadá, Paraguay, Perú, entre otros, se unieron en un llamado a la acción para abordar la crisis política y de derechos humanos en el país sudamericano.
El representante de Canadá fue uno de los primeros en manifestar su inquietud, denunciando la creciente represión en Venezuela y la falta de transparencia en las elecciones del 28 de julio. «Al menos 23 personas han perdido la vida en medio de la violencia», afirmó, subrayando el compromiso de su gobierno de apoyar a las ONG que trabajan por la libertad de expresión en Venezuela.
Paraguay, por su parte, instó a las autoridades venezolanas a «respetar las obligaciones internacionales y promover un entorno de paz y convivencia democrática,» sugiriendo que la publicación de las actas electorales sería un primer paso hacia la reconstrucción del país.
Perú denunció que la administración de Nicolás Maduro «ha desmantelado instituciones y ha recurrido a la violencia en un intento por mantenerse en el poder,» pidiendo una auditoría de las actas electorales y la liberación de los presos políticos como requisitos para «restaurar la soberanía en el país.»
Italia, por su parte, hizo un llamado a «respetar el derecho a la manifestación pacífica» y exigió una investigación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, cerró la sesión reafirmando el compromiso de la organización con la justicia internacional y exigiendo rendición de cuentas a los responsables de las violaciones en Venezuela, incluyendo al presidente Nicolás Maduro. «A más de un mes de las elecciones, aún no se han publicado resultados confiables,» subrayó, alertando sobre la agravada situación de impunidad en el país.
(Con información de El Cooperante)