José Vicente Haro, abogado del excandidato presidencial, asegura que González Urrutia ha decidido quedarse en Venezuela para defender la voluntad de los ciudadanos, a pesar de la orden de aprehensión emitida en su contra.
José Vicente Haro, abogado del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, ha descartado la posibilidad de que su defendido solicite asilo político tras la reciente orden de aprehensión emitida en su contra. «No está planteado ni planificado ese escenario, una decisión muy valiente», afirmó Haro en una entrevista con W Radio, subrayando que González Urrutia ha decidido permanecer en Venezuela, resguardado, pero firme en su compromiso con el pueblo venezolano.
La orden de aprehensión, solicitada por la Fiscalía y emitida por un juzgado especializado en delitos de terrorismo, acusa a González Urrutia de «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público» en relación con las actas electorales del 28 de julio. El excandidato, sin embargo, ha decidido no abandonar el país, prefiriendo mantenerse cerca de los ciudadanos que depositaron su confianza en él.
Haro reveló que, aunque estaban al tanto de la orden de arresto antes de que se hiciera pública, optaron por no difundirla en redes sociales para evitar causar zozobra entre la población, especialmente entre los venezolanos que votaron por González Urrutia. «Tiene que ir de casa en casa para resguardar su seguridad y su vida», explicó Haro, sugiriendo que la situación de seguridad del excandidato es crítica.
El abogado tampoco descartó la posibilidad de un allanamiento a la residencia de González Urrutia, señalando que están preparados para esa eventualidad. «Estamos preparados para esa contingencia», afirmó, mostrando la determinación del equipo legal para enfrentar las acciones del gobierno.
La situación de González Urrutia se ha complicado tras su negativa a presentarse ante la Fiscalía en tres ocasiones, argumentando la falta de garantías. Ahora, la orden de aprehensión establece que, una vez detenido, deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público y presentado ante un juez en un plazo de 48 horas.
El caso de González Urrutia está vinculado a la publicación de una página web en la que la oposición asegura haber cargado más del 80% de las actas electorales recabadas por sus testigos durante la noche de la elección. Estas actas se publicaron después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que ha generado una mayor tensión en el país.