Un informe inédito del Movimiento de Derechos Humanos de Venezuela documenta la persecución política y la erosión democrática bajo el régimen de Nicolás Maduro, llamando a la acción de la Corte Penal Internacional.
En un esfuerzo sin precedentes, un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) ha lanzado este martes un informe titulado «El libro negro de la dictadura 2024», que documenta en detalle la crisis postelectoral y las violaciones de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Este informe, publicado por el «Movimiento de Derechos Humanos de Venezuela», se inspira en la obra clandestina de 1952 de José Agustín Catalá, que denunciaba los abusos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
El informe revela un panorama sombrío de la situación en Venezuela, describiendo un «terrorismo de Estado» desplegado por el régimen de Nicolás Maduro como respuesta a la creciente oposición y descontento tras los resultados electorales. Según las ONG, las acciones coordinadas de las instituciones del poder público están dirigidas a fomentar un clima de temor generalizado, utilizado como mecanismo de control y coerción sobre la población.
«La actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público, dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción, deben calificarse como ‘Terrorismo de Estado’”, concluye el informe, respaldando su afirmación en precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta acusación se suma a la larga lista de señalamientos internacionales contra el gobierno venezolano por violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Además, el informe denuncia la grave erosión de la institucionalidad democrática en Venezuela, señalando que el 21.7% de los artículos de la Carta Magna relacionados con derechos fundamentales han sido derogados «por la vía de los hechos». Según el documento, esta situación ha instaurado un régimen de excepción de facto en el país, donde las garantías constitucionales han sido profundamente socavadas.
El informe también subraya la necesidad urgente de que estos casos sean incluidos en la investigación que la Corte Penal Internacional (CPI) lleva a cabo sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Las ONG han señalado que las persecuciones por motivos políticos documentadas en el informe representan un crimen de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto de Roma.