Gobierno dominicano se lava las manos: «Fue la justicia quien autorizó la entrega del avión de Maduro a EE.UU.»

DOMINICANA

El canciller Roberto Álvarez insiste en que la entrega del avión a Estados Unidos fue una decisión judicial, desligando al gobierno de cualquier intervención.

El Gobierno de la República Dominicana ha salido al paso de las críticas y rumores sobre su papel en la entrega a Estados Unidos del avión asociado al presidente venezolano, Nicolás Maduro. En una reciente conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, fue enfático al declarar que la decisión de entregar la aeronave fue tomada por los tribunales dominicanos, sin intervención alguna del gobierno central.

«La entrega del avión fue una consecuencia directa de las decisiones judiciales. El Gobierno dominicano no tuvo ninguna injerencia en el proceso,» afirmó Álvarez, aclarando que el avión, que había permanecido en el país desde mayo para trabajos de mantenimiento, fue inmovilizado y posteriormente entregado a las autoridades estadounidenses por orden judicial.

El canciller explicó que la aeronave «no estaba registrada a nombre de Nicolás Maduro ni de ningún organismo del gobierno venezolano, sino que pertenecía a una empresa privada.» Esta aclaratoria llega en un momento clave, cuando diversos sectores han especulado sobre posibles acuerdos entre los gobiernos de República Dominicana y Estados Unidos.

La historia tomó un nuevo giro cuando el 22 de mayo un tribunal dominicano emitió una orden de inmovilización del avión, tras recibir una solicitud de cooperación jurídica internacional por parte de Estados Unidos. Finalmente, el pasado 2 de septiembre, otra orden judicial autorizó la entrega de la aeronave al país norteamericano.

Álvarez reiteró que «el Ministerio Público cumplió con lo dispuesto por los tribunales,» y subrayó que cualquier información adicional sobre el caso debe ser solicitada al Ministerio Público, que opera de manera autónoma. «El gobierno central no tiene injerencia en estos temas,» concluyó el canciller, en un claro intento de desligar a la administración dominicana de las decisiones judiciales.

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