Regiones gobernadas por el Partido Popular y el líder socialista crítico, Emiliano García-Page, recurren al Tribunal Constitucional en un esfuerzo por frenar la ley de amnistía aprobada para los implicados en el procés independentista de Cataluña.
Líderes de la oposición conservadora española y el dirigente socialista crítico Emiliano García-Page iniciaron este lunes una serie de recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía aprobada en mayo para los implicados en el procés independentista de Cataluña. Esta norma, que busca cerrar las causas judiciales relacionadas con el movimiento independentista iniciado en 2012, ha generado una fuerte reacción de rechazo por parte del Partido Popular (PP) y varios líderes regionales.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las figuras más destacadas del PP, lideró la ofensiva legal contra la amnistía, argumentando que la ley “fue escrita al dictado de quienes trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña”. Díaz Ayuso afirmó que tanto su partido como su gobierno en Madrid no permanecerían “de brazos cruzados” ante lo que considera “el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia”. La Comunidad de Madrid presentó también recusaciones a tres magistrados del Tribunal Constitucional, alegando su vinculación con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
A la acción de Madrid se sumaron otros gobiernos regionales del PP, como el de Aragón, que argumentó que la ley afecta los intereses históricos, económicos y culturales que tiene con Cataluña, además de “incidir en la unidad de España”. Asimismo, Cantabria y Andalucía anunciaron sus propios recursos de inconstitucionalidad, mientras que la Comunidad Valenciana y otras regiones gobernadas por el PP están preparando acciones similares.
Por su parte, Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, también presentó un recurso en contra de la ley, convirtiéndose en el único líder regional del PSOE en hacerlo. García-Page ha sido uno de los críticos más abiertos dentro de su partido, y su acción judicial refuerza las tensiones internas en el PSOE en relación con la amnistía. La ley, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de mayo con el apoyo de socialistas e independentistas, tiene como objetivo cerrar las heridas políticas del procés y permitir la reintegración de los implicados en la vida política. Sin embargo, sus detractores la ven como una amenaza a la unidad de España y una concesión inaceptable a los separatistas catalanes.