El programa de ‘parole humanitario’ ofrece un plazo limitado para que los beneficiarios busquen asilo u otros beneficios migratorios.
Los inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de ‘parole humanitario’ tienen un plazo de dos años para regularizar su estatus migratorio, o de lo contrario, podrían enfrentar procedimientos de deportación. Así lo informó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en declaraciones a Univision Noticias.
El funcionario aclaró que aquellos beneficiarios del programa que no logren obtener asilo u otro tipo de beneficio migratorio durante su estancia de 24 meses, «estarán obligados a abandonar el país» al expirar su permiso. De no hacerlo, añadió, «generalmente serán sometidos a procedimientos de deportación».
Este programa de autorización temporal, que otorga una estancia de dos años, exige que los inmigrantes busquen una solución legal para permanecer en el país. Entre las opciones disponibles está la solicitud de asilo, uno de los caminos más comunes, aunque no siempre fácil de obtener, dadas las exigentes condiciones legales.
Expansión del programa a Venezuela y otros países
Inicialmente, el programa fue lanzado en abril de 2022 para apoyar a los ciudadanos ucranianos que huían de la invasión rusa. Posteriormente, en octubre del mismo año, la administración de Joe Biden amplió el alcance para incluir a los venezolanos, con el objetivo de aliviar la presión en la frontera sur de Estados Unidos debido al aumento de solicitantes de asilo provenientes de ese país. En enero de 2023, los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua también fueron incorporados al programa.
Este proceso, que permite una migración ordenada y regulada bajo la condición de contar con un patrocinador legalmente residente en EE. UU., se ha convertido en una de las principales vías para que miles de personas busquen un futuro mejor fuera de sus países.
¿Qué sigue para los beneficiarios?
Los inmigrantes que forman parte del ‘parole humanitario’ deben aprovechar el tiempo otorgado para buscar vías de legalización, o de lo contrario, enfrentarán la deportación. Las autoridades han sido claras: no regularizar su estatus traerá consecuencias migratorias graves.