En la presentación de la actualización, llevada a cabo en Ginebra, la Misión denunció además una “ola represiva sin precedentes” tras las elecciones del 28 de julio.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dio a conocer este viernes un nuevo informe, en el que revela que identificaron “graves violaciones al debido proceso” contra las personas detenidas “arbitrariamente” por participar en las protestas o por pertenecer a la oposición.
“Detenciones donde no se informaron los motivos, ni presentaron orden judicial. Retrasos injustificados de las personas detenidas, la imposibilidad de contar con una defensa de elección propia, la celebración de audiencias en la noche y en los mismos centros de detención, o imputaciones desproporcionadas que implican penas de hasta 30 años de prisión”, aseguró en una sesión Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
En la presentación de la actualización, llevada a cabo en Ginebra, la Misión denunció además una “ola represiva sin precedentes” tras las elecciones del 28 de julio.
“La maquinaria represiva continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos”, acotó Valiñas. En sus palabras, se trata de una de “las crisis de derechos humanos más agudas en la historia” del país caribeño.
“En Venezuela está desapareciendo la mínima apariencia de legalidad… Hay un riesgo de desaparición del Estado de Derecho”, alerta esa instancia de la ONU.
Asimismo, en el documento, la Misión de la ONU alertó sobre “cientos de detenciones arbitrarias” y “desapariciones forzadas”.
“Continuaron los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Misión identificó una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma y descargas eléctricas. Asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzada del sueño”, relató Valiñas.
Sumado a ello, precisó que registraron “actos de violencia sexual”. Estas, dijo, se basaron “en género” y normalmente ocurrieron en centros de detención, hechos que “se incrementaron tras la crisis postelectoral”.
La jefa de la instancia describe actos como “manoseos de senos, glúteos y genitales. Desnudez forzada y requisas invasivas, amenazas e insultos sexistas y denegación de derechos sexuales y reproductivos contra algunas de las más de 200 mujeres y niñas detenidas, así como contra mujeres que visitaban a sus seres queridos en los centros de detención”.
Luego de la lectura del informe, el embajador de Venezuela en la ONU, Alexander Yánez, lo tildó de “ridículo panfleto”, organizado “por el Grupo de Lima”.
“La redacción del informe es vulgar y sin vergüenza alguna. Busca imponer la narrativa de la derecha fascista venezolana… es un adefesio, una piratería malintencionada hecha con saña”, acotó.
En vista de ello, llamó al organismo multilateral a rechazarlo, o de lo contrario “estaremos claudicando al verdadero mandato de esta institución”.
Por otro lado, otros Estados exigieron al Gobierno de Nicolás Maduro “detener la represión” y liberar a todos los presos políticos.
“Deben detener inmediatamente la represión que han intensificado tras las elecciones pasadas. Deben investigarse las graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales, según la Misión, podría constituir crímenes de lesa humanidad, de competencia de la Corte Penal Internacional (CPI)”, manifestó la representante de Ecuador, quien habló también en nombre de Argentina, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay.
En ese sentido, deploraron “la falta de independencia del CNE y del TSJ, cuyos pronunciamientos sobre el último proceso electoral, son inconsistentes con el Estado de Derecho”.
“Urgimos al Estado venezolano a respetar los derechos a la vida, libertad y seguridad”, puntualizó.
La Unión Europea, por su lado, pidió al chavismo excarcelar a todos los presos políticos. “Nos preocupa el número de detenciones arbitrarias y la práctica de la detención forzada”.
“Hay que investigar exhaustivamente todos los abusos y violaciones de derechos humanos y los responsables deberán rendir cuenta”, puntualizó la UE.
Con información de elcooperante.com