El tribunal ordena revisar la decisión de deportar al primer teniente venezolano, quien teme ser juzgado por deserción y utilizado en conflictos armados o represión interna.
El pasado 4 de septiembre, el Tribunal de Primera Instancia en Aruba ordenó al Gobierno de la isla reconsiderar la decisión de expulsar al primer teniente de la Aviación Venezolana, Daniel Francisco Ibarra Moreno, quien solicitó asilo tras huir de su país en 2018. Según el fallo, emitido por el magistrado Bert Jan van Ettekoven, existen serias preocupaciones sobre el riesgo que enfrenta Ibarra si es deportado, especialmente al ser señalado por deserción y haber sido citado para presentarse ante la Dirección de Investigaciones Especiales en Caracas.
El tribunal destacó que Ibarra podría verse obligado a «reprimir a la población o participar en un conflicto armado contra Guyana», debido a la creciente tensión territorial entre ambos países. Esta posibilidad, sumada al riesgo de un juicio militar, fue clave para detener temporalmente su deportación.
El caso de Ibarra comenzó cuando, en febrero de este año, las autoridades migratorias de Aruba rechazaron su solicitud de asilo al considerar que no había presentado pruebas suficientes del riesgo que corría en Venezuela. Sin embargo, el abogado de Ibarra, Malcolm Hassell, impugnó esta decisión, señalando el deterioro de la situación política en Venezuela y el temor de su cliente a ser involucrado en acciones represivas bajo el Gobierno de Maduro.
El tribunal también destacó la acumulación de tropas en la frontera con Guyana, en el contexto de las tensiones territoriales, como un factor que aumentó el riesgo de que Ibarra fuera forzado a participar en un conflicto. El abogado Hassell mencionó que la última evaluación sobre la situación en Venezuela, realizada por los Países Bajos, data de 2020 y que la situación ha cambiado considerablemente desde las elecciones presidenciales.
La decisión del tribunal ha obligado al gobierno de Aruba a revisar el caso, mientras que la primera ministra, Evelyn Wever-Croes, aseguró que el país está tomando medidas para monitorear de cerca la situación en Venezuela y podría implementar «medidas más estrictas» para controlar el flujo migratorio hacia la isla.