Este miércoles la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se pronuncia sobre las últimas sentencias emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
No obstante, con relación a la primera decisión que le dan competencias a la Defensoría del Pueblo precisó que “esta sentencia, primero que está inmotivada, no veo las razones por la cual ellos (el TSJ) toman esa decisión“.
En cuanto a la investigación penal resaltó que es una facultad única del Ministerio Público y alegó que los Derechos Humanos de los venezolanos están en peligro: “Estamos observando que hay un movimiento progresivo de desmontaje del Ministerio Público“.
Asimismo, señaló que “esta sentencia va por el mismo sentido de las decisiones 155 y 156”, a su vez insistió que sigue el rompimiento del hilo constitucional del país. “Falta que convoquen un Condena para que el Presidente le diga al TSJ qué hacer”, agregó.
En tal sentido, puntualizó que “tenemos un Estado de terror, donde se reprimen manifestaciones pacíficas” y expresó que “si se implementa la Constituyente entonces cualquier organismo público puede investigar a alguien“.
“Esta sentencia es para que muertes como la de Pernalete sean causadas por una pistola de perno y no por una lacrimógena. Usan el argumento penal para vencer al enemigo. Como no lo puedo vencer con votos, los extermino. Están desesperados para que haya un alzamiento militar, un golpe de Estado”, acotó.
La fiscal Ortega Díaz, insistió que los diputados a la Asamblea Nacional (AN) no se encuentran en desacato: “Ustedes parlamentarios no se han dado cuenta de que no están en desacato. Eso no existe, viola la Constitución. Hay una clara intención de anular al Ministerio Público”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este martes nulos los actos del vicefiscal general de la República, Rafael González Arias, referente a las irregularidades en su designación.
Con la sentencia 47, la Sala Constitucional declaró nulos los actos de González Arias, designará uno de forma «temporal» puesto a que esto no contó con el consentimiento del Parlamento, que actualmente está en «desacato» ante el TSJ.
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