El rechazo opositor a la decisión de creación y utilización de una criptomoneda llamada Petro por parte del gobierno venezolano, sigue manifestándose.
La idea de la administración de Maduro de «burlar» las sanciones internacionales e incluso, lo que ellos llaman «guerra económica» en la que estaría involucrada la página Dolar Today, a través de esta criptomoneda pareciera tener más dudas que respuestas.
El gobierno ha anunciado que está criptomoneda estaría «respaldada» por las riquezas naturales y las reservas petroleras de la Nación y que cada Petro equivaldría a un barril de petróleo.
Y este punto sería, precisamente, el que cuenta con mayor oposición de la oposición.
Ya la Asamblea Nacional, hace una semana, había no solo rechazado la creación de esta moneda. También anularon dicha medida con la que el gobierno pretende realizar transacciones internacionales.
Este lunes, varios expertos en la materia y economistas hicieron lo propio durante el foro denominado: «Todo lo que usted desea saber sobre El Petro» y que contó con las ponencias de José Toro Hardy; Aarón Olmos, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa) y de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y experto en Criptomoneda y Robinson Rivas, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y experto también en estás llamadas Criptomonedas.
Aunque el termino tiene un tiempo rodando con la más conocida de este tipo de moneda llamada «Bitcoin», vale la pena recordar que una criptomoneda es un medio digital de intercambio. Una moneda digital que no requiere la intermediación de la banca tradicional.
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El Bitcoin, nacido 2009, es un «criptoactivo» que no es rasteable por lo que su utilización ha sido duramente cuestionada por ser usado para actividades ilegales.
El experto petrolero José Toro Hardy, critica el anuncio de aumento en la producción de crudo en un millón de barriles.
Hardy señaló que en los años de mayor inversión histórica, el aumento de la producción petrolera no llegó a 200.000 barriles diarios al año.
En cuanto a la criptomoneda, el también economista explicó que son fiduciarias y dependen de la confianza. De que sean aceptadas por otro para su intercambio. Además, agregó que solo existen en la web.
Mencionó que en ningún país están regidas por un Banco Central. En este caso, el gobierno pretende ser el responsable y respaldarla con las reservas de la Faja Petrolífera del Orínoco.
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Y en este punto, diputados, expertos legales y económicos coinciden: hacer esto serían «absolutamente ilegal».
¿La razón? Se violaría el Artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos que señala que los hidrocarburos son bienes de dominio público y por tanto son «inalienables e imprescriptibles».
Otro detalle que destaca Toro Hardy es que el Petro se convertiría en una moneda paralela al bolívar, lo cual viola el Artículo 318 de la Constitución que dice que el signo monetario es el bolívar.
Para Toro Hardy, está denominada criptomoneda parece más un título de la Deuda Pública porque tiene un respaldo. En este caso, el de las reservas naturales.
Y esto sería otra violación que se suma a la lista. En este caso, al artículo 312 que establece que todos los títulos requieren una Ley de Crédito Público para aprobarse.
«Es un arroz con mango. No es una criptomoneda y es ilegal desde el principio», sentenció.
De acuerdo a él, el régimen busca tener acceso a financiamiento internacional y podría «tratar de abrir un hueco con esta medida».
Sin embargo, no cree que haya impacto en la economía porque requiere del elemento de la confianza, «la cual, no existe», asegura.
«Dentro del actual modelo no hay solución a la crisis del país», dice.
Prevé que el gobierno pueda «obligar» a inversores extranjeros a realizar ciertas acciones con esta criptomoneda pero «se reirán un poco. No es aceptable. Ya empezó siendo declarado ilegal por la Asamblea, lo cual tampoco le augura un buen futuro», indicó Toro.
Los economistas y panelistas coinciden en que la puesta en funcionamiento del Petro, endeudara a los venezolanos.
Uno de los puntos que llama la atención de los expertos es que las criptomonedas se basan en la minería, la cual evita hackeos y duplicidad de las transacciones.
Pero el gobierno, en un primer anuncio explicó que el Petro no se minaría. Luego, el Presidente Nicolas Maduro, en la Memoria y Cuenta, indicó que se «minaría libremente».
Tampoco queda claro si las transacciones se realizarían en bolívares u otras monedas.
Insisten en la confianza como elemento clave de estas operaciones.
En la línea de Toro Hardy, otros economistas participantes del foro, hablan de una «Deuda digital» que se estaría contrayendo y no cumpliría con los parámetros legales establecidos en la Ley Orgánica de Administración Pública y la Ley de Endeudamiento.
Dicha emisión debería estar respaldada por un presupuesto, y no es el caso.
El diputado Rafael Guzmán, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento y organizador del evento, también recuerda que el Artículo 12 de la constitución establece que:
«Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público».
Además sostiene, al igual que sus colegas economistas, que está respaldada en un bien «intangible que no se sabe cómo ni cuándo se va a producir». Es decir, en un barril de petróleo.
Recordó que, incluso, como emisión de Deuda, debe contar con la aprobación de la Asamblea.
El otro aspecto en relación con esta criptomoneda, es que el gobierno anunció que la primera emisión de Petros sería mediante el método de subastas.
Esto fue rechazado por los expertos quienes consideran que se podrían hacer adjudicaciones muy por debajo del precio que se esta imponiendo que es el de un barril de petróleo, estimado en 50 dólares.
Agregan que el Petro traerá «más incertidumbre para quienes inviertan con esa figura» y recuerdan que, ante un cambio de gobierno, esas deudas adquiridas no serían reconocidas puesto que no cuentan con el respaldo de la institución llamada legalmente a aprobarlo: la Asamblea Nacional.