Por Rafael Simón Jiménez
***En Venezuela, la tortura, los tratos crueles, las violaciones a los derechos humanos y la represión siguen un patrón bien definido.
La muerte del concejal Fernando Alban, y el exilio impuesto al joven dirigente Loreth Saleh, luego de cuatro años de prisión en las condiciones más aberrantes, son ambas expresiones del régimen de terror que se ha impuesto desde el poder en Venezuela, bajo la indeleble marca de la asesoría cubana.
El caso terrible del concejal Alban guarda, sin aparente relación, una conexión directa con la situación a la que durante más de cuatro años sufriera en las instalaciones del SEBIN el joven Loreth Saleh, siendo víctima de toda clase de maltratos físicos, síquicos y morales, que incluyeron aislamiento e incomunicación en la denominada “tumba”, en las instalaciones de Plaza Venezuela, una de las ergástulas mas deplorables en la historia de las cárceles venezolanas de todos los tiempos, donde por cierto se encuentra sepultado en iguales condiciones (luego de largos años de encierro) nada menos que el general Raúl Baduel, exministro de la defensa y otrora “héroe de la Revolución Bolivariana”, luego de haber protagonizado el contra golpe que el 13 de abril de 2002 devolvió al fallecido Hugo Chávez al palacio de Miraflores.
En Venezuela, el sistema represivo impuesto por el régimen es de violación cotidiana y habitual de todos los derechos humanos. Las detenciones sin orden judicial, los operativos terroríficos donde los agentes represivos portan máscaras siniestras y se niegan a identificarse, la utilización de la jurisdicción militar para violar el principio del juez natural, la imposibilidad de los abogados de acceder a las actas del proceso como lo han señalado los defensores del diputado Requezens, las desapariciones forzosas, las torturas físicas y las llamadas torturas “blancas “ o “blandas” que pretenden infringir daño y dolor sin dejar huellas, las violaciones a todos los preceptos del llamado “debido proceso” incluyendo la presunción de inocencia y el principio del juicio en libertad conforman un patrón y un sistema que se corresponde con un régimen represivo, totalitario, inhumano y delincuente.
Aturden los “gritos del silencio” de personajes como José Vicente Rangel (otrora adalid de los derechos humanos), quien asumiera la defensa de los torturados y desaparecidos desde su curul parlamentario en la turbulenta década de los años sesenta. Causa mezcla de asco y repulsión las conductas asumidas por el fiscal general Tarek Williams Saab, quien en la década de los años ochenta y noventa del pasado siglo se desgañotara denunciando excesos y persecuciones policiales reales e imaginarias y ahora desdoblado en celestino del Régimen asume posiciones y explicaciones acomodaticias e inverosímiles frente a las violaciones cotidianas a los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos.
En la Venezuela del agónico y desacreditado gobierno de Nicolás Maduro, la tortura, los tratos crueles, las violaciones a los derechos humanos y la represión, no son algo eventual o sujeto a los excesos de algún sicópata, desadaptado o sádico, sino un patrón bien definido, una metodología habitual y un sistema de terror, denunciado y repudiado nacional e internacionalmente que tiene como deliberado objetivo tratar de mantener en el poder a un gobierno cada vez mas carente de respaldo popular.
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