Por Ángela Betancourt
Rodrigo Chaves Robles, economista de profesión, se convirtió el pasado domingo en el presidente número 49 de Costa Rica tras obtener un 52,9% de los votos por encima del candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), el ex presidente José María Figueres, quien obtuvo el 47,1 de los sufragios. Los comicios registraron una abstención del 47,1%.
Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (centro derecha), había centrado su campaña en promesas de “cambio” y de una lucha frontal contra la corrupción, afirmando que recibe con “humildad” el resultado de las elecciones con una “enorme responsabilidad colmada de retos y dificultades que todos nosotros vamos a solucionar”.
El recién electo presidente tendrá que enfrentar el escollo que significa haber conseguido apenas 10 diputados del total de 57 que integran el Poder Legislativo, por lo que se verá obligado a negociar con los otros 5 partidos representados en el Congreso y especialmente con el PLN de Figueres, que es la fracción más grande con 19 legisladores.
El economista agradeció al pueblo costarricense por “haber acudido a una jornada democrática que nos hace brillar ante el mundo, somos de las mejores democracias del mundo”.
Chaves asumirá el poder el próximo 8 de mayo para un periodo de 4 años en sustitución de Carlos Alvarado, del centro izquierdista Partido Acción Ciudadana y de quien fue ministro de Hacienda por seis meses entre 2019 y 2020. Alvarado dijo que llamó al presidente electo “para expresarle mi felicitación, efectuar una transición ordenada y desearle mis mejores deseos en las tareas que enfrentará como presidente número 49 de Costa Rica”.
El nuevo mandatario, de 60 años, también ha propuesto reducir el tamaño del Estado, reducir cargas sociales y trabas a la inversión y emprendimiento, pero su mensaje se ha concentrado en prometer una lucha frontal contra la corrupción de la que culpa a los partidos tradicionales como el Partido Liberación Nacional (PLN), al que pertenece su rival. Chaves también desempeñó varios puestos en el Banco Mundial (BM), donde en 2019 recibió una sanción interna tras ser denunciado por acoso sexual por varias compañeras de trabajo por lo que tuvo roces con la prensa a la que acusó de ser parcializada tras estas denuncias. También fue acusado de posibles estructuras paralelas en el financiamiento de su campaña.