«Por donde se mire, todos los términos de la licencia son absolutamente ilegales en relación a la ley venezolana», dijo el ex presidente de Pdvsa.
Por Ángela Betancourt
Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y candidato presidencial, denunció que las condiciones bajo las cuales Chevron puede volver a operar en Venezuela suponen una «grave violación» de la Constitución.
«Por donde se mire, todos los términos de la licencia son absolutamente ilegales en relación a la ley venezolana», afirma Ramírez en una entrevista desde Roma, donde vive exiliado y dice sufrir una fuerte persecución política por parte del Gobierno de Maduro, que afecta también a su familia.
Ramírez se refiere a la «Licencia General 41», emitida el pasado sábado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que autoriza a Chevron a volver a producir y comercializar petróleo y derivados de forma limitada en Venezuela.
Washington «puede emitir la licencia que quiera», pero el Gobierno venezolano no debe aceptar «que un país extranjero venga a decirte cómo vas a producir petróleo en tu propio país, saltando tus leyes», argumenta Ramírez.
Aceptar las condiciones de la licencia es «renunciar a nuestra soberanía», hacer de Venezuela «un país tutelado», y supone un «robo» al pueblo venezolano, afirma el exministro, de 59 años, quien se postuló como candidato a la presidencia de su país en las elecciones previstas para 2024.
La licencia estadounidense prohíbe a Chevron pagar impuestos y regalías al Estado venezolano, e incluso dividendos a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Además, le obliga a exportar el crudo únicamente a Estados Unidos.
Solo el hecho de que Chevron pueda producir crudo «por cuenta propia» contradice «el artículo 302 de la Carta Magna, que establece que las actividades primarias del petróleo (exploración, producción y exportación) están reservadas al Estado».
Por ello, la ley ha creado la figura de la empresa mixta, donde PDVSA es socio mayoritario, pero que queda socavada si la petrolera norteamericana no paga dividendos a la estatal venezolana, explica.
Además, puesto que la Constitución impone el monopolio estatal también para la exportación del crudo, la exclusión de cualquier mercado que no sea el estadounidense es otra flagrante «violación» de la Ley fundamental.
En su opinión, este último punto supone además un retroceso frente a la «gran conquista de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) durante la llamada revolución de los años 1970», cuando impusieron el monopolio estatal de su industria petrolífera con el fin de defender sus ingresos.
Tal control «es la única manera que tiene el país productor de incidir en el mercado petrolero y, sobre todo, en el precio del petróleo», destaca Ramírez.
Resalta que, dado que el crudo del subsuelo venezolano es propiedad del Estado, éste tiene por ley que cobrar regalías.
«Nadie en el país, ni siquiera PDVSA, puede llevarse petróleo, ni venderlo, sin pagar al dueño, al Estado venezolano, una regalía del 33,33 %», indica. De lo contrario, «sería un robo», añade. «Ese es otro aspecto que viola la ley», dice Ramírez, que señala que, además, no pagar el impuesto del 50 % a las ganancias empresariales cuestiona la soberanía del país.