La fiscal Consuelo Porras de Guatemala desafía al presidente Arévalo, rechaza renunciar y enfatiza la autonomía del Ministerio Público.
En un giro sorprendente en el panorama político de Guatemala, la fiscal general Consuelo Porras ha desafiado abiertamente al presidente Bernardo Arévalo al rechazar cualquier posibilidad de renuncia a su cargo. Esta decisión, comunicada a través de un video en redes sociales, ha generado tensiones en la ya compleja relación entre el poder judicial y el ejecutivo del país centroamericano.
La fiscal Porras, nombrada en 2018 y reelegida en 2022, ha expresado su determinación de cumplir con su mandato constitucional de cuatro años. Esta postura va en contravía de las expectativas del presidente Arévalo, quien había citado a Porras para una reunión con el objetivo de solicitar su renuncia.
En su declaración, Porras enfatiza el carácter autónomo e independiente del Ministerio Público y rechaza la idea de someterse a cualquier poder del Estado. «Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o militar, salvo las facultades conferidos en la ley a los tribunales de justicia», afirmó la fiscal.
En respuesta a esta firme posición, el presidente Arévalo ha convocado una nueva reunión del consejo de ministros, citando nuevamente a la fiscal Porras. Según el mandatario, la ley obliga a Porras a asistir a esta sesión, y su inasistencia podría constituir un incumplimiento de deberes.
El enfrentamiento entre Porras y Arévalo surge en un contexto marcado por investigaciones judiciales y acusaciones de corrupción. La fiscal, sancionada internacionalmente y considerada «corrupta» y «antidemocrática» por Estados Unidos, ha sido acusada por Arévalo y sectores de la sociedad de socavar la democracia y poner en riesgo la transición presidencial con investigaciones cuestionadas.
La posición de Porras se ha interpretado como un desafío directo a la autoridad presidencial y un recordatorio de la separación de poderes en Guatemala. Mientras tanto, el presidente Arévalo mantiene su demanda de renuncia, apoyado por una sociedad que clama por cambios en el sistema judicial.