En preparación para una posible reestructuración de deuda, Venezuela ha contratado a Rothschild para determinar a quién y cuánto se debe, en un contexto de sanciones renovadas y tensiones con Estados Unidos.
La administración del presidente Nicolás Maduro ha dado un paso significativo al contratar a la firma Rothschild, con sede en París, para realizar un mapeo detallado de la deuda del país. Este movimiento es típicamente el preludio de una reestructuración de deuda, según fuentes que han pedido permanecer en el anonimato debido a la naturaleza confidencial del contrato.
A pesar de las solicitudes de comentarios, tanto Rothschild como el Ministerio de Finanzas de Venezuela han optado por no emitir declaraciones al respecto. Según estimaciones del economista Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, Venezuela tiene una deuda aproximada de 154 mil millones de dólares con acreedores extranjeros. Esta deuda incluye bonos globales emitidos tanto por el gobierno como por la compañía petrolera estatal PDVSA, los cuales han estado en mora durante más de seis años.
En el mercado, los bonos soberanos venezolanos se están negociando a alrededor de 20 centavos por dólar, mientras que los pagarés en mora de PDVSA rondan los 11 centavos, de acuerdo con precios indicativos de Bloomberg. La carga de la deuda ha sido un punto crítico para Venezuela, especialmente desde que JPMorgan Chase & Co. revisó en febrero su plan para reponderar estos valores en índices de deuda de mercados emergentes.
Este esfuerzo de reestructuración llega en un momento en que el gobierno de Maduro busca reenganchar con los mercados globales y las instituciones multilaterales tras años de aislamiento internacional. Sin embargo, cualquier avance significativo en la reestructuración de la deuda se ve obstaculizado por las sanciones de Estados Unidos, que prohíben al gobierno venezolano vender deuda en los mercados estadounidenses.
La relación entre Venezuela y Estados Unidos ha experimentado más tensiones recientemente, con la reimposición de sanciones a las industrias del petróleo y el gas por parte de Washington, acusando a Maduro de no cumplir con las promesas de realizar elecciones justas a finales de este año. Venezuela, a su vez, ha acusado a Estados Unidos de violar un acuerdo político firmado en Doha el año pasado.