La solicitud del expresidente debe ser revisada en un plazo de 30 días y si se la niegan puede presentar una reconsideración.
Alberto Fujimori, expresidente de Perú, solicitó que el Estado le entregue una pensión económica y otras prerrogativas como guardaespaldas, auto y combustible, que considera que le corresponden por haber ejercido la jefatura del Estado, reveló su abogado Elio Riera.
«Por la pensión que corresponde como exmandatario, (pide) lo que se encuentra regulado, y la seguridad del Estado que también corresponde», indicó antes de señalar que también le corresponderían «por extensión, vales de combustible».
Fujimori abandonó en diciembre pasado la prisión en la que cumplía 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restableciera el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Medios locales informaron este lunes sobre la solicitud que ha enviado el exmandatario al Congreso para pedir que se le entregue la pensión que, por ley, implica el pago de 15.600 soles mensuales (4.182 dólares o 3.890 euros).
Riera comentó que esa solicitud debe ser revisada por el área de logística del Congreso en un plazo de 30 días y que, si la resolución es negativa, estudiará «la posibilidad de presentar una reconsideración».
«Está amparado en la ley, y si la ley lo permite no es ilegal», sostuvo antes de decir que el exmandatario actualmente obtiene ingresos económicos por la «promoción y venta de sus libros y la pensión que le corresponde como jubilado» por haber sido rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de Lima.
Medios locales recordaron este lunes que en diciembre pasado la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción informó que Fujimori tiene una deuda por reparación civil en tres casos por los que fue condenado que alcanza los 57 millones de soles (unos 14,7 millones de dólares).
Su abogado comentó, al respecto, que esa deuda aún está en discusión porque ha presentado un -recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) y que él considera que no debe pagarla.