La sentencia de un año y un día de prisión fue emitida por su participación en un esquema de defraudación y sobornos relacionados con la importación de alimentos a Venezuela.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este jueves que el venezolano Nepmar Jesús Escalona Enríquez, exfuncionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue sentenciado a un año y un día de prisión por su participación en un esquema de lavado de dinero, sobornos y defraudación a instituciones financieras.
Según el comunicado del organismo, Escalona, de 47 años, participó en un plan ilegal para financiar supuestas importaciones de alimentos a Venezuela y sobornó a varios funcionarios extranjeros para lograr su cometido. El exmilitar, radicado en Florida, junto a otros investigados, presentó solicitudes fraudulentas a la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) para «engañar» al Banco Banesco y al Banco Central de Venezuela, obteniendo la liberación de pagos en dólares a favor de Escalona y sus aliados tanto en el país como en el exterior.
Detalles del esquema fraudulento
Las solicitudes fraudulentas presentadas tenían como supuesto objetivo financiar la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad, se trataba de un artificio para enriquecer a los conspiradores. El plan resultó en la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por Escalona y sus cómplices.
En una audiencia celebrada en marzo, Escalona se declaró culpable y admitió que, al menos en un caso, los involucrados organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios venezolanos para «evitar» la detección del crimen en el país. Además, Escalona ordenó a uno de sus aliados transferir los productos del fraude y los fondos de sobornos a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos. En total, se realizaron cinco transferencias electrónicas ilícitas, que sumaron aproximadamente 420.847 dólares.
Procesamiento del caso
El caso fue procesado por la fiscal general adjunta, Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia; el fiscal federal, Markenzy Lapointe del Distrito Sur de Florida; y la agente especial a cargo, Deanne L. Reuter, de la División de Campo de Miami de la Administración de Control de Drogas (DEA).