Las autoridades ecuatorianas investigan la implicación de la vicepresidenta en un caso de tráfico de influencias relacionado con su hijo, Sebastián Barreiro.
Las autoridades de Ecuador han solicitado una investigación sobre Verónica Abad, vicepresidenta del país, por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con su hijo, Sebastián Barreiro, quien fue enviado a prisión preventiva en marzo por supuestamente cometer un delito de tráfico de influencias.
Según un vídeo publicado por la Fiscalía de Ecuador en su cuenta de la red social X, «durante la etapa de instrucción fiscal se han practicado varias diligencias, entre las que se incluyen la versión del denunciante y documentación relacionada a su contratación por disposición directa de la señora vicepresidenta de la República, así como información telefónica a través de las cuales se determinó la presunta participación de la señora Verónica A. en esta causa».
Debido a que Abad tiene inmunidad de corte nacional, la Fiscalía ha transferido el caso a la Unidad de Fuero de Corte Nacional para continuar con las investigaciones. Una vez que el fiscal asuma el caso, deberá solicitar una fecha específica al Consejo de la Judicatura para determinar si la vicepresidenta será vinculada al proceso penal, según reportó ‘Primicias’ de Ecuador.
Sebastián Barreiro está siendo investigado por solicitar un porcentaje del sueldo de un empleado para facilitarle trabajar como coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia durante el mandato de Abad. La Fiscalía afirma que Barreiro y otro acusado, un asesor de Abad, pidieron más del 50% del sueldo mensual del empleado, que ascendía a alrededor de 3.200 dólares, según Ecuavisa.
Ximena Ron, experta constitucional, señala que esta situación complicada podría llevar a la salida de Abad de su cargo. En caso de que la Fiscalía encuentre pruebas suficientes y dicte prisión preventiva, Abad podría ser detenida al regresar al país desde Israel, o incluso podría optar por no regresar. En este escenario, el presidente Daniel Noboa podría tomar medidas para reemplazarla temporalmente.
En caso de una ausencia prolongada, la Constitución permite la designación de un reemplazo por parte del presidente. Este tipo de situaciones ya se ha visto anteriormente, como en el caso de Jorge Glas en 2017. A pesar de todo, Abad podría seguir ejerciendo sus funciones como vicepresidenta incluso con prisión preventiva.