La organización pide intervención internacional tras lo que considera un fraude electoral masivo y una grave violación de los derechos civiles y políticos en Venezuela.
La crisis electoral en Venezuela ha dado un giro internacional este viernes, 9 de agosto, cuando la organización Transparencia Electoral remitió una denuncia formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando al gobierno de Nicolás Maduro de haber orquestado un fraude electoral masivo en las elecciones del 28 de julio. La denuncia, que también señala una grave violación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, subraya la opacidad y manipulación del proceso por parte de las autoridades.
En su informe, Transparencia Electoral advirtió que, a casi dos semanas de la jornada electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado los resultados detallados por estado, municipio, parroquia, centro de votación y mesa electoral, lo que ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza. «Aunque el CNE presentara ahora actas de escrutinio, se requeriría una auditoría independiente para garantizar que la documentación sea auténtica, que haya cumplido con requisitos mínimos de trazabilidad y que la cadena de custodia no haya sido comprometida», declaró la organización.
Uno de los puntos más polémicos es el supuesto «hackeo» de la transmisión de resultados, que según el CNE habría impedido la publicación oportuna de los datos. Sin embargo, Transparencia Electoral desestimó esta justificación, señalando que tanto el Plan República como los testigos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tienen en su poder las actas de escrutinio emitidas por las máquinas de votación antes de que se transmitan los resultados a la sala de totalización. Estas actas, que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha hecho públicas y que han sido auditadas por académicos y especialistas, muestran resultados que, según la organización, son «inverosímiles desde el punto de vista aritmético y por no contar con ningún tipo de sustento documental» en comparación con los del CNE.
La denuncia no se limita a acusar al CNE, sino que también responsabiliza directamente a figuras clave del régimen, incluyendo a Nicolás Maduro, quien actuó tanto como presidente de la República como candidato en el proceso electoral, agravando su rol en lo que Transparencia Electoral califica como «fraude masivo».
Entre los señalados en la denuncia se encuentran:
- Elvis Amoroso, presidente del CNE, acusado de ser el principal artífice del despliegue del fraude electoral.
- Tarek William Saab, fiscal general y presidente del Consejo Moral Republicano, acusado de persecución y criminalización de actores de la sociedad civil, periodistas e integrantes de la oposición.
- Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, acusado de dirigir políticamente al CNE.
- Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusada de actuar en subordinación al Poder Ejecutivo al iniciar un procedimiento dudoso en favor de Maduro.
Transparencia Electoral concluye su denuncia con un llamado urgente a la comunidad internacional para que entienda que los venezolanos no cuentan con canales institucionales para hacer valer su voluntad, expresada masivamente en las urnas el 28 de julio. La organización subraya que «la vía institucional a nivel nacional ha sido agotada».