Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay condenan la orden de captura emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra el candidato opositor Edmundo González.
En un comunicado conjunto, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay expresaron su rechazo «inequívoco y absoluto» a la orden de arresto emitida contra el líder opositor Edmundo González. La medida, que ha generado controversia tanto dentro como fuera de Venezuela, es vista por estos países como un intento más del régimen de Nicolás Maduro de silenciar a la oposición y reprimir cualquier desafío a su gobierno.
El comunicado, fechado el 2 de septiembre de 2024, califica la orden de aprehensión como un acto de persecución política, señalando que los supuestos delitos imputados a González no son más que un pretexto para desconocer la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, en las que, según la oposición, González fue el verdadero ganador.
«En un país donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas que amparen a los detenidos arbitrariamente, condenamos estas prácticas dictatoriales y nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia», afirmaron los países firmantes.
Esta declaración conjunta subraya la preocupación creciente en la comunidad internacional por la situación política y los derechos humanos en Venezuela, donde las instituciones del Estado son frecuentemente acusadas de estar al servicio del poder ejecutivo. La falta de independencia judicial y el uso de las fuerzas de seguridad y los tribunales para perseguir a opositores son prácticas recurrentes denunciadas tanto por gobiernos extranjeros como por organizaciones de derechos humanos.
La orden de arresto contra González ha sido vista como un punto de inflexión en la política represiva del gobierno venezolano. Los países firmantes del comunicado insisten en que esta medida no solo afecta a González, sino que es un ataque directo a los principios democráticos y a la posibilidad de una transición pacífica en Venezuela.
Además, el comunicado deja claro que la comunidad internacional no permanecerá en silencio ante lo que consideran una escalada en la represión por parte del gobierno de Maduro. La presión diplomática y las demandas de respeto a los derechos humanos continuarán, según el mensaje transmitido por estos países.