El canciller español José Manuel Albares exige respeto a los derechos humanos de los ciudadanos detenidos en Venezuela, mientras el Gobierno de Maduro acusa a los españoles de ser «terroristas».
La tensión diplomática entre España y Venezuela alcanzó un nuevo nivel este martes, cuando el canciller español, José Manuel Albares, abordó la situación de los ciudadanos españoles detenidos en Venezuela durante su intervención en el Senado de Madrid. Albares destacó la importancia de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos españoles en el país latinoamericano, donde actualmente residen aproximadamente 200.000 personas con ciudadanía española.
Entre los detenidos se encuentran José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, acusados por el presidente Nicolás Maduro de ser «agentes encubiertos» del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España. Según Maduro, estos individuos planeaban actividades terroristas en Venezuela, lo que ha sido tajantemente negado por sus familias, quienes aseguran que ambos hombres estaban de visita con fines turísticos.
En respuesta a estas acusaciones, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno español, expresó su rechazo y exigió información sobre los cargos que enfrentan los detenidos. «No han podido solicitar el acceso a los ciudadanos detenidos en Venezuela ni recibir información sobre los cargos que enfrentan», aseguró Alegría en rueda de prensa, reiterando que España ejercerá la protección diplomática y consular que les corresponde.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, se dirigió a José Manuel Albares para exigir la «rectificación inmediata» del gobierno español y la condena del terrorismo «sin ambigüedades». Gil criticó la supuesta injerencia de España en los asuntos venezolanos, acusando al país europeo de ser un «refugio de terroristas y delincuentes vinculados al fascismo». Asimismo, advirtió que Venezuela no tolerará ninguna escalada de agresiones y que está preparada para tomar acciones que resguarden su soberanía.
Este nuevo episodio de tensiones entre ambos países se da en un contexto aún más delicado: la reciente decisión del Congreso español de reconocer a Edmundo González Urrutia como «presidente electo» de Venezuela, tras los comicios del 28 de julio, cuyo resultado fue ampliamente cuestionado por la oposición venezolana y varios organismos internacionales. González, actualmente exiliado en España, ha sido respaldado por el gobierno de Pedro Sánchez, quien reafirmó el compromiso de su país con la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
La situación ha llevado a que figuras del madurismo, como Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, propongan romper todas las relaciones diplomáticas y comerciales con España. Rodríguez anunció que presentará una resolución para tal fin, argumentando que Venezuela no debe permitir injerencias extranjeras que atenten contra su soberanía.
La crisis entre ambos países refleja la complejidad del conflicto político venezolano y cómo este afecta las relaciones internacionales. Mientras tanto, España sigue abogando por el respeto a los derechos humanos de los detenidos y el retorno al diálogo en Venezuela.