La portavoz del Gobierno republicano, Karoline Leavitt, señaló en una rueda de prensa directamente a la jueza Indira Talwani, de Massachussetts, calificándola de “rebelde”.
La Casa Blanca criticó este martes a la jueza que anuló la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para revocar el programa migratorio que da un estatus legal a 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, conocido como ‘parole humanitario’, y dijo que apelará la decisión.
La portavoz del Gobierno republicano, Karoline Leavitt, señaló en una rueda de prensa directamente a la jueza Indira Talwani, de Massachussetts, calificándola de «rebelde».
«Otra jueza distrital rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva del Gobierno», indicó la portavoz, «lucharemos en contra en los tribunales».
Además de su campaña para deportar a las más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, el Gobierno Trump ha decidido también arrebatarle el estatus legal a decenas de miles de personas que llegaron al país bajo programas de migración legal promovidos por el expresidente Joe Biden (2021-2025).
A través de el ‘parole humantario’, las personas en Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela podían solicitar desde sus países un permiso para viajar a EE.UU. y obtener un permiso de trabajo.
Trump ordenó revocar el programa el próximo 24 de abril, abriendo la puerta a la deportación de sus beneficiarios, pero la jueza, nominada por el expresidente Barack Obama (2009-2017), dictaminó que se debe respetar la fecha de vencimiento del ‘parole’, que se otorgó por un periodo de dos años.
El Gobierno de Biden instauró el ‘parole humanitario’ en 2022 para venezolanos, y en 2023 lo extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos, en un intento de ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares.
En octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, la Administración de Biden anunció que no renovaría el ‘parole’, lo que significaba que los beneficiarios no podían extender su estatus legal más allá de los dos años iniciales.
Con información de EFE