Opinión

El agravamiento de la crisis tras el golpe de Estado contra las instituciones democráticas

Seguimos recorriendo el mundo en procura de auxilio para un pueblo que está siendo masacrado por una tiranía empeñada en preservar el poder ilegítimo que detenta, aún a costa de la vida, la paz y la salud de millones de niños, jóvenes y ancianos perseguidos por protestar contra un modelo gubernamental que ha traído hambre y desolación.

La crisis humanitaria es una realidad inocultable y, además, es una de las causas de las manifestaciones multitudinarias que se han prolongado por más de 60 días en lo que va de año. El Ministerio Público indicó que se están realizando 1631 investigaciones, entre las que se hallan 67 fallecidos, 1.307 por lesiones, 122 por daños a la propiedad pública y 255 a la privada.

A las denuncias por asesinatos y lesiones personales se suman las bochornosas acciones de robos y vejaciones a mujeres detenidas irregularmente por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), hechos deleznables para cuya demostración hay pruebas irrefutables como fotografías y videos de periodistas y ciudadanos. Por su parte,  el Foro Penal Venezolano informó el jueves pasado que desde el 1 de abril hasta el miércoles 7 de junio, en el marco de las protestas, han ocurrido 3.106 arrestos y 1.363 detenciones. El director ejecutivo de esta ONG, Alfredo Romero, señaló que de los arrestos registrados, 370 personas fueron presentadas en tribunales militares y, de los detenidos, 308 son presos políticos.

Nuestra Iglesia católica ha expresado la necesidad de un encuentro con el Sumo Pontífice tras agravarse la situación, criticando la decisión de Maduro de convocar fraudulentamente una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución. Recordamos que en el pasado “diálogo” se acordó liberar a los presos políticos, abrir un canal humanitario, elecciones generales y respetar la autonomía de la Asamblea Nacional. La respuesta del Régimen fue alentar a la Sala Constitucional del TSJ para que dictara sentencias, arrebatándole las atribuciones al poder legislativo y abrogándoselas con argucias inconstitucionales. Estos procedimientos espurios han sido reprochados dentro y fuera del país, lo cual junto a la explosiva crisis alimentaria, de salud e inseguridad dio pie a que se desarrolle una escalada de protestas pacíficas que han sido reprimidas con tal brutalidad que llevó al Ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino a reconocer públicamente que “se estaban cometiendo excesos y violaciones de los derechos humanos por parte de efectivos militares y policiales”. No obstante esa declaración pública, la represión ha continuado con un saldo negativo de nuevos asesinatos, heridos y personas detenidas y sometidas a juicios militares.

Ante este cuadro, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció el jueves 8 de junio para solicitar a la Sala Electoral del TSJ que declare nulos todos los actos referentes a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que pretende imponer Maduro por estar al margen de la legalidad.

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Mitzy Capriles de Ledezma

Tímpano. Esposa del preso político Antonio Ledezma. Católica. Escribe la columna del alcalde metropolitano desde su detención.

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