Opinión

El peor crimen es cerrar los caminos al Derecho, deja indefensa a la sociedad y frágil la paz

La democracia es el modo humanista, civilizado de organizar la convivencia, cuya finalidad de bien común nos hace aspirar que sea libre, próspera y justa. Y el Estado de Derecho, en cuanto poder y actividad pública regulado y garantizado por el imperio de la ley, ese que en la frase galleguiana que me gusta tanto es “El imperio de las leyes bien cumplidas”.

No todos pensamos igual en una sociedad y no lo pretende la democracia, que no se lleva bien con la unanimidad y la uniformidad, siempre obligadas, nunca libres. Para Savater “democracia es convivir con gente y actitudes que no nos gustan”. Consciente de esa realidad, el Estado de Derecho estructura un poder institucional, limitado y distribuido, cuya garantía es el equilibrio. Garantía para los ciudadanos, que así como quieren ser libres, aspiran a un Estado que proteja su libertad y sus derechos y, como corresponde, les exija cumplimiento de sus deberes. Al Estado de Derecho se le completó con democrático, a medida que se reconoció el protagonismo del pueblo. Luego se amplió a social, incorporando preocupaciones solidarias que trascienden a los derechos individuales, influencia de demócratacristianos y socialdemócratas. Y más allá, de justicia, que una interpretación progresiva identifica con los Derechos Humanos.

La administración de justicia, y sus tribunales, árbitros en la interpretación de la ley y en la resolución de conflictos interpersonales, intraestatales o entre el Estado y los particulares, expresan una rama específica y autónoma del poder público. No puede confundírsela con el Parlamento que representa, legisla y controla, ni con el Ejecutivo que gobierna, porque un día pueden presentarse conflictos entre esas dos ramas o entre alguna de ellas y los particulares. Y precisamente para evitar esa confusión indeseable es que son claves en los jueces la independencia, la autonomía y la idoneidad.

Nuestro Tribunal Supremo de Justicia, y por especialización su Sala Constitucional, tiene la tamaña responsabilidad de ser “el máximo y último intérprete de la Constitución”, papel que no viene cumpliendo pues no cuida su independencia, ni demuestra idoneidad.

El daño más grave que ha infligido a la sociedad venezolana es el de su contumacia en negar a los venezolanos las posibilidades pacíficas de resolver sus controversias y de decidir si cambian o no la dirección política de la República. El golpe continuado contra la Asamblea Nacional, enervándola mediante la reducción, el inicuo condicionamiento o el franco desconocimiento de sus competencias, se suma al bloqueo del referéndum revocatorio presidencial y a la complicidad en la imposición de una Constituyente fraudulenta, inconstitucional y antidemocrática y más recientemente, al despacho con prisa irresponsable de los recursos presentados por la Fiscal General de la República. Es un crimen.

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Ramón Guillermo Aveledo

Ciudadano libre. Abogado, político, profesor e intelectual venezolano. Miembro y dirigente del partido COPEI. Exsecretario general de la Mesa de la Unidad Democrática. Coordinador Internacional de la MUD.

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