La llegada de Tareck El Aissami a la vicepresidencia de la República vino acompañada de radicalización y exceso de poder. Desde el momento en que el presidente Nicolás Maduro lo puso al frente del segundo cargo más importante del Ejecutivo, el mensaje era cada vez más claro. La implantación del ala más radical del Gobierno ya no tenía medias tintas.
Por Raylí Luján y Francisco Poleo
A solo cuatro días de haberse conocido el nuevo gabinete ministerial, el primer mandatario anunciaba el Comando Antigolpe, que presidido por Tareck El Aissami y otros altos funcionarios del chavismo buscaría “derrotar y acabar definitivamente todos los vestigios del golpe de Estado oligárquico y de derecha”.
Fue así, como El Aissami comenzó a cumplir su tarea, que tácitamente sostiene sus bases en la persecución de los máximos desertores militares del chavismo. El general retirado, Rául Isaías Baduel, es el primer objetivo.
Baduel, exíntimo de Hugo Chávez, quien estaba a solo dos meses de cumplir su pena y que además contaba con libertad condicional, es blanco de una nueva averiguación por instigación a la rebelión y traición a la patria, revocándosele así la medida otorgada en 2016. Ayer, el General -residente en Maracay, ciudad militar por excelencia en Venezuela y capital del estado Aragua que El Aissami gobernó hasta hace pocos días-, se presentó en tribunales luego de una persecución que incluyó un cerco de su vivienda por parte de los servicios de inteligencia militar.
Los tribunales militares basaron su sentencia en una supuesta denuncia de “vecinos cooperantes”, que habían declarado que Baduel había estado recibiendo grupos numerosos de personas que sacaban grandes cantidades de armamentos de su vivienda en Maracay. Así, Baduel se convirtió en la primera víctima del Comando Antigolpe y de acuerdo al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el general Baduel volverá a ocupar su celda en Ramo Verde.
Pocas horas después de que Baduel se entregara, Jenny Oropeza, periodista de sucesos, dio a conocer a través de su cuenta en Twitter que el mayor general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro del Interior y Justicia de Maduro, también cuenta con orden de captura. El militar retirado, quien también estuvo al frente del Sebin, la policía política, se convirtió en hombre incómodo para el chavismo desde el 2015. Tras su salida abrupta del gobierno, se dedicó a trabajar en su propio movimiento, aunque siempre chavista. El mensaje de Rodríguez Torres, otrora ficha de Diosdado Cabello, ha calado en el descontento mundo chavista.
Por otra parte, reconocidos abogados de presos políticos aseguraron a El Nuevo País que también existe la intención de detener al mayor general Cliver Alcalá Cordones, quien se unió a las filas del chavismo disidente a través de Marea Socialista. Sin ambages, el militar retirado ha pedido que se revoque a Maduro.
De esta manera, la arremetida es directa contra militares que, a pesar de su retiro, integran un “duro movimiento” para un golpe de Estado, según lo alertado por el gobierno durante la instalación del Comando Antigolpe, que vale acotar cuenta con una sobria participación del general en Jefe, Vladimir Padrino López.
Violando la inmunidad
La persecución se intensificó y fue más allá de los generales. Dirigentes opositores a la administración madurista fueron detenidos, alegándose su supuesta participación en planes violentos que buscaban “desestabilizar” al país.
El diputado a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Gilber Caro fue la primera de una serie de detenciones, en las que se incluyen los concejales del partido Primero Justicia en Zulia, Jorge Luis González Villasmil y Rommel Ángel Rubio Flores.
El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, denunció la vinculación de los concejales marabinos con un plan violento, que buscaba “causar conmoción y muerte” en el recibimiento de Manuel Rosales en Zulia.
A ello, se le sumaba la detención de Caro en Carabobo, donde presuntamente se le incautó un fusil de guerra con seriales devastados, cartuchos y tres barras de explosivo C4, que según serían negociados con grupos paramilitares de Colombia, con quienes se “planificarían actos terroristas”, teniendo como objetivo la fuga del preso político Leopoldo López. En este caso, el gobierno también vinculó a Walter Méndez, jefe de escoltas de Lilian Tintori, accionando una intensa búsqeuda para su detención.
De acuerdo a los voceros del gobierno nacional, este plan opositor se entrelazaba con la búsqueda de un golpe de Estado en Venezuela. Sin embargo, el Gobierno siempre ha asegurado contar con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin cuyo apoyo sería casi imposible una asonada. Las acciones asumidas por el nuevo vicepresidente, más, indican un plan de depuración ideológica y de posicionamiento de su figura ante el pueblo chavista.
Foto Especial ENPaís