El Gobierno de Perú estaría tanteando la posibilidad de retener 7 mil millones de dólares, producto de la venta del 55% de la participación de la constructora brasileña Odebrecht en el Gasoducto del Sur.
Esta gestión, adjudicada por el Gobierno de Ollanta Humala, llevaría a que el dinero retenido sería depositado y resguardado para futuros resultados de las investigaciones que podrían considerar la corruptela cometida por la empresa en el país.
De comprobarse la trama de corrupción, el dinero permanecería decomisado. De lo contrario, será devuelto a la constructora, pues estaría “limpia su trayectoria” en el caso, según aseguró el ministro de Economía peruano, Alfredo Thorne, quien aprobó el monto solicitado por la Fiscalía -3 millones de dólares- para continuar con las investigaciones.
En Perú se hace seguimiento al caso de corrupción que arropa la gigante constructora de Brasil, por presuntos sobornos pagados a funcionarios para asumir obras millonarias.
Perjuicios al Estado superan los $ 280 millones
Por irregularidades en 23 proyectos de Odebrecht en Perú, efectuados entre 1998 y 2015, el Estado ha perdido $ 283 millones, informó el contralor general, Edgar Alarcón.
Las Carreteras Interoceánicas (IIRSA), la Línea 1 del Metro de Lima, la Costa Verde del Callao, y la carretera del Callejón de Huaylas entre las localidades de Chacas y San Luis y el Gasoducto Sur Peruano (GSP) son las obras más importantes en las que se comprobó anomalías en los presupuestos. Algunos de ellos, como las carreteras IIRSA, vieron un incremento excesivo en la inversión inicial.
Odebrecht admitió que pagó sobornos a funcionarios peruanos para adjudicarse obras en la nación entre 2005 y 2014, según expresa su declaración en el acuerdo que mantiene con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.)
Exprimera dama continúa con medidas restrictivas
Nadine Heredia, esposa del expresidente de Perú Ollanta Humala, mantendrá las restricciones mientras se investiga el caso de corrupción de Odebrecht.
Una alerta judicial que la obligó a volver a su país desde Ginebra, Suiza, donde ejercía como directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ante la ONU, la mantuvo sitiada en Perú desde la primera semana de diciembre.
Heredia solicitó que la medida de control sea impuesta en el consulado de su país en la nación europea, pero esto fue rechazado por la Fiscalía General, que también negó prisión preventiva para la exprimera dama.
Evidentemente, su cargo en la institución internacional representó un conflicto con el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, por la investigación que se lleva a cabo sobre Odebrecht, en el que se han visto salpicados gobiernos socialistas de la región.