Aunque parecía impensable -hasta poco creíble-, que la Fiscal General de la República se pronunciara en contra de alguna decisión impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, o alguno de sus poderes aliados, ocurrió.
El pasado 31 de marzo, Luisa Ortega Díaz, afecta al chavismo, levantó su voz en contra de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional (AN) que causaban la ruptura del hilo constitucional.
A partir de ello, las teorías sobre un supuesto «montaje» crecieron en medio de una población que requería de tan solo un elemento en el cual creer.
El distanciamiento de la Fiscal con el madurismo, se fue confirmando en cada siguiente declaración, con las que daba nuevas estocadas a un gobierno tambaleante.
Desde el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) propuesta por Maduro, las investigaciones por parte del Ministerio Público a funcionarios policiales por agresiones a la prensa y manifestantes, así como los detalles sobre la muerte de Juan Pablo Pernalete que desmentían al gobierno, la separación de la Fiscal fue cobrando fuerza.
Y mientras el madurismo daba la orden de reprender a quien ya no les pertenecía, Ortega Díaz se plantaba aún más con su primera denuncia, que hoy oficializó frente a la Sala Constitucional del TSJ, a la cual exigió aclararse en cuanto a la «pérdida de la democracia participativa y protagónica».
Primer pronunciamiento
La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz manifestó este viernes su preocupación ante las «varias violaciones al orden constitucional» que se presentan en las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En ese sentido, denunció que con tales dictámenes del máximo ente judicial se establecía una ruptura del orden constitucional democrático.
“Existe en el país una pugna institucional que complica los fines del Estado, que son la construcción de una sociedad justa y el bienestar del pueblo (…) Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación”, dijo Ortega Díaz al principio de su balance del año 2016 en la sede del Ministerio Público.
En ese sentido, pidió que se tomaran los caminos democráticos para solucionar los problemas del país. «Como máxima representante del Ministerio Público, y en nombre de los más de 10 mil funcionarios llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos y de respeto a la Carta Magna, a que se debata de forma democrática y respetando las diferencias, conseguir caminos constitucionales que aseguren la paz y que se superen obstáculos para brindar la calidad de vida que reclama nuestra población».
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