La ex Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, considera que la vocería por parte de las víctimas de la represión en las protestas de la oposición, “la debe asumir el Defensor del Pueblo, porque tiene esa obligación, tiene ese mandato”.
-¿Qué hemos visto en los últimos días? – se pregunta y responde-, al Defensor enfrentado a la Fiscal, colocándose del lado del gobierno y mientras, las víctimas están desamparadas.
-Debe impulsar la investigación, reunirse con la Fiscal porque él es quien va a defender a las víctimas para obtener justicia. Las acciones del Defensor no son vinculantes, pero él sí podría impulsar frente al Ministerio Público la agilización de las investigaciones.
-En el caso específico de Los Verdes en El Paraíso, la forma cómo esos funcionarios entraron, no fue un allanamiento, fue una incursión en un edificio lleno de familias, no se puede interpretar como un allanamiento.
-En los últimos días las propias concentraciones han sido repelidas con gas, entonces la gente ni siquiera se puede concentrar y adicionalmente, vimos el día lunes (19junio) tres funcionarios de la GN violando la Constitución, con armas de fuego en una concentración. Estas situaciones deben ser reclamadas y expresadas a viva voz por el Defensor del Pueblo.
-Tengo entendido por declaraciones del propio ministro Reverol que esos funcionarios están privados de libertad, aunque hay que definir cuál de ellos específicamente fue quien mató a Fabián. Como muy bien lo dijo la Fiscal, eso ya no es “uso desproporcionado de la fuerza” sino homicidio, y cuando lo comete un funcionario, es violación de los derechos humanos.
Refiere que muchas de las investigaciones de los detenidos en las protestas, “han sido conducidas a través de la jurisdicción militar lo cual no es lo idóneo y también es violatorio de los derechos humanos de los civiles”.
-Una acción noble del Defensor del Pueblo sería, en este momento, un amparo contra la jurisdicción militar, para que se restituyan los juicios a través del juez natural en personas civiles.
-Así el Defensor estaría mostrando que está al lado de las víctimas más vulnerables y de la importancia de que la justicia tome su cauce, quizás de pronto a él no le gusta la Fiscal en lo personal, pero en lo institucional siempre hemos dicho que debemos hacer lo correcto.
Por otro lado, el pasado 31 de mayo Ramírez renunció a su cargo como asesora de la consultoría jurídica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por no apoyar la decisión del Ejecutivo de convocar una Constituyente sin consultar previamente al pueblo venezolano.
“Rechazo la Constituyente porque poder constituido no forma poder constituyente, esa Asamblea no tiene ese carácter y no tendría la facultad de redactar una nueva Constitución, ni tampoco las personas que resulten electas en ese proceso tendrían la facultad de hacer cesar los demás poderes, porque no es el mandato del pueblo, y eso lo vicia de ilegalidad e inconstitucional”, expresa Ramírez en entrevista exclusiva con El Nuevo País.
La Fiscal y el TSJ
Preguntamos su opinión sobre el juicio que pretende iniciar el TSJ contra La Fiscal General Luisa Ortega Díaz.
-El TSJ lo puede iniciar pero previa autorización de la Asamblea Nacional, y eso no ha ocurrido, y como no tiene la autorización de la plenaria de la AN, si se produjera esa destitución, estarían disolviendo los poderes sin legalidad.
-El TSJ no puede pagarse y darse el vuelto –prosigue Ramírez-, son mecanismo de protección a las instituciones, que confluyan dos o más poderes cuando se están hablando de sustituir a una autoridad del Estado, por ejemplo en el caso de un magistrado, primero debe ser sancionado moralmente por el Consejo Moral Republicano y después la AN aprueba esa destitución, como Velázquez Alvaray en su momento.
-Quiere decir que es un mecanismo de protección de la Constitución, porque cuando hablas de un funcionario de esa envergadura hay que protegerlo. Entonces el TSJ no solamente va a violar la ley, sino va a violar el espíritu constitucional.
Foto AVN