El gobierno de Nicolás Maduro salta todos los principios legales para frenar a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien esta semana ha colocado en la mesa de enjuiciados a varios funcionarios acusados de corrupción y a otros por excesos en la represión de las protestas populares.
El Ministerio Público se ha convertido en un muro que obstaculiza los planes del gobierno de Nicolás Maduro de seguir avalando la corrupción y la represión mientras prepara la anulación de toda legalidad y legitimidad con la instalación de una irregular Asamblea Nacional Constituyente.
La condena el miércoles del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a nueve años y medio de prisión por hechos de corrupción en la industria petrolera de su país refuerza lo que en Venezuela hace la Fiscal General y muestra lo que puede ser el final de un gobierno muy importante en la construcción del entramado que montó Fidel Castro con los recursos petroleros de Venezuela y que varios reportajes internacionales muestran que comenzó a derrumbarse por la corrupción desatada en todo el continente. Durante el diálogo apoyado por el Vaticano se dijo que la corrupción complicaba las posibilidades de un acuerdo para una salida pacífica a la crisis venezolana.
La corrupción tiene otras graves secuelas en Venezuela porque ha dejado sin comida ni medicinas a millones de personas y el gobierno no acepta la ayuda humanitaria de otros países. Así vemos que en una semana en Maturín han abandonado a cuatro bebés y seis niños murieron en el hospital JM de los Ríos en Caracas por contaminación en la sala de Nefrología.
Justamente, ese miércoles el Ministerio Público venezolano dio a conocer la imputación de dos mujeres ligadas a Haiman El Troudi cuando fue ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, por diversas irregularidades en contrataciones efectuadas en Venezuela por los representantes de la constructora brasileña Odebrecht.
Elita Del Valle Zacarías Díaz y su hija María Eugenia Baptista Díaz, deben acudir el jueves 27 de julio ante el fiscal 55º nacional, Pedro Lupera, a las 9:00 de la mañana, con sus abogados defensores.
Un día antes, la Fiscal General dijo a través de Unión Radio que tiene identificados a varios funcionarios implicados en el caso de Odebrecht, quienes «comprometieron el patrimonio del Estado a favor de estas empresas» y depositaron el dinero mal habido en cuentas a nombre de familiares en el extranjero.
El lunes, el Ministerio Público citó como imputado al director interno de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Orlando Enrique Chacín Castillo, presuntamente incurso en procesos irregulares para la adquisición de vehículos en el transcurso de su gestión como director ejecutivo de exploración de Pdvsa Oriente. Debe presentarse este viernes 14 a las 9:00 de la mañana ante el Fiscal 50 Nacional, Marcos Palacios.
Ese mismo día, el Ministerio Público pidió investigar al actor de televisión Manuel Sosa y a su socio en una compañía que presta servicios en el aeropuerto de Maiquetía, Alí Ramos, a quien vinculan también con el gobernador del estado Vargas, Jorge García Carneiro. Según se supo la investigación es por presuntas irregularidades en la compra de bienes por parte de la empresa mixta Petropiar S.A., filial de Pdvsa, y la empresa del actor. Sosa, también conocido como «Coko» o «Coco» Sosa se hizo famoso por su noviazgo con María Gabriela Chávez, hija del desaparecido presidente venezolano Hugo Chávez.
Ese lunes, el Ministerio Público también citó en calidad de imputado al jefe de seguridad de la Asamblea Nacional, coronel Bladimir Lugo Armas, por su presunta violación de los derechos humanos, quien comparecería ayer jueves.
En cuanto a la represión desatada contra las protestas populares abundan videos sobre excesos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en todo el país, especialmente maltratos a mujeres y robos a los reprimidos. En varias ciudades se han denunciado abusos sexuales contra jóvenes detenidas.
El Ministerio Público anunció esta semana 43 investigaciones penales contra funcionarios de la GNB acusados por manifestantes en Caracas de haberlos despojados de motocicletas, teléfonos celulares, prendas de valor y otros objetos.
Buscando salidas
La Fiscal General dijo esta semana que está dispuesta a conversar con el presidente Nicolás Maduro, con representantes de los diferentes poderes y hasta con dirigentes opositores, a fin de lograr un entendimiento que saque a Venezuela de la crisis en la que se encuentra.
Enfatizó: «Si la solución del país depende de que esté privada de libertad, estoy dispuesta a hacerlo. Yo tengo que anteponer los intereses de la Nación por encima de los míos».
La violencia política siguió sumando muertos esta semana con dos jóvenes y pasan de 100 durante varios meses de protestas, miles de heridos, entre ellos 7 GNB alcanzados por un artefacto explosivo el lunes en Caracas, y casi 4 mil detenidos.
La Fiscal Ortega Díaz afirmó esta semana que en Venezuela sí hay presos políticos y dijo que han detectado 232 detenidos sin petición del Ministerio Público y hay 251 en detención domiciliaria, entre ellos los jóvenes de la UPEL enviados a la cárcel de El Dorado en el estado Bolívar, y agregó que pedirá a la Fiscalía Militar que entregue cuentas de algunos casos que violan los derechos humanos y las leyes venezolanas.
Sobre la necesidad de un acuerdo que permita que Venezuela recupere su tranquilidad se han pronunciado decenas de gobernantes y organismos internacionales.
Al respecto, el diputado oficialista a la Asamblea Nacional Hugo Carvajal advirtió el domingo en artículo de opinión que se niega a aceptar que las dos principales fracciones de la dirigencia política venezolana, la MUD y el PSUV, «no sean capaces de ver el grave error que constituye mantenerse en una especie de falso empoderamiento, cuando hay venezolanos muriendo en las calles día a día».
El miércoles, un grupo de personalidades de distintos ámbitos del acontecer nacional publicaron un manifiesto titulado «Llamado al entendimiento nacional» en el que piden a Gobierno y oposición poner fin a la confrontación para poder conseguirle solución a los problemas que aquejan al país.
Entre los firmantes se encuentran: Pedro Nikken, Vladimir Villegas, José María Cadenas y Francisco Suniaga.
En sentido parecido se pronunciaron varias organizaciones y partidos políticos que se definen dentro de la «despolarización» en un escrito titulado «Detengamos la violencia con un diálogo nacional incluyente».
Señales
Más allá de las controversias provocadas en gobierno y oposición por el envío de Leopoldo López a su casa bajo detención domiciliaria, muchos aprecian buenas señales que el diputado regional de Barinas Wilmer Azuaje también tenga ahora casa por cárcel.
También se anota que el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General coincidan en solicitar revisión de casos de los 14 polichacaos, algunos en huelga de hambre; e iguales solicitudes se cursan por Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Lorent Saleh y Yon Goicoechea.
Se habla de nuevas coincidencias en camino, incluso con los ilegítimos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Se necesita ampliar el Acuerdo Nacional. Están surgiendo señales de cambio.